En consecuencia, el texto quedó redactado de la siguiente forma: “la enmienda o reforma de un artículo de esta Constitución podrá ser sancionada por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara de la Legislatura y quedará incorporada al texto constitucional si es ratificada por el pueblo con más de la mitad de los votos válidos emitidos, a cuyo fin será convocado para que se exprese en la primera elección que realice”.
“Las enmiendas o reformas por el procedimiento señalado no podrán llevarse a cabo sino con un intervalo de dos años por lo menos. No podrán ser objeto de reforma o enmienda lo establecido por el artículo 120 ni lo dispuesto por la presente norma”
Ética Pública; el debate
Los convencionales trabajaron este tema sobre un predictamen que propuso el presidente de la comisión, Miguel Carlín, que contempló la mayoría de los proyectos. Aún así, la discusión fue intensa en cuanto a los alcances, los sujetos y la relación entre este despacho y otros ya consagrados. Los más técnicos, observaron que esta letra debe guardar relación con lo que fija el Código Penal.
En el debate, la UCR se alejó del predictamen porque observó que su redacción “está al servicio de y no para establecer pautas para que el ciudadano sea mejor, sino y sí lo hace para el que cumple funciones en el Estado” dijo Fabián Rogel
Desde la Coalición, Emiliano Acharta, coincidió en algunos tramos del texto, y dijo que no le parecía mal que “se establezcan algunas pautas pero no cerraría las reglas porque pueden aparecer otras2 advirtió y sugirió aplicar el concepto “básicamente”. En lo que se fijó hacia la Legislatura, para normar este artículo, Martín Acevedo MIño (Recrear) advirtió que “Si es por una ley, que es lo que corresponde, debemos ser más genéricos” y como ejemplo mostró el párrafo que cita la “prudencia política” que permite varias interpretaciones. “Hagamos hincapié en principios rectores y luego que el legislador sancione la ley” resumió
Rosario Romero no compartió la idea del la UCR acerca de fijar una inhabilitación perpetua, pero sí hizo lugar a la posibilidad de establecer algunas cuestiones como reglas y no como mandas en la ley.
Santiago Reggiardo (PS) planteó en el debate la pérdida de la honorabilidad en el delito doloso contra la administración pública, ya que desde su perspectiva, quien lo comete no debe volver al Estado. Aunque en este punto de la labor, se mezcló en el debate la sanción del artículo 17 por el que el funcionario debe vindicarse. Aunque Carlín no compartió esa idea, ya que – a su entender- habilitará planteos de inconstitucionalidad.
