El artículo sancionado, que será girado ahora para su revisión a la comisión de Redacción, expresa: “Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y al espacio necesario para un desarrollo humano integral.
El Estado Provincial asegura y promueve las condiciones necesarias para hacer efectivos estos derechos, en especial a los sectores de menores recursos. A tal fin planifica y ejecuta una política habitacional concertada con los municipios e instituciones que lo requieran con el aporte solidario de los interesados y del Estado.”
En la discusión también hicieron su aporte el convencional socialista Américo Schvartzman; la radical Griselda De Paoli; el referente de Viva Entre Ríos, Hermo Pesuto y el presidente de la convención, Jorge Busti, quien bajó a su banca para hacer un racconto de lo que fueron algunas de las políticas implementadas en sus administraciones al frente del Ejecutivo provincial para favorecer el acceso a la vivienda, tanto en el sector urbano como en el rural.
Trascartón, se pasó al tratamiento del derecho de habeas data, donde el presidente de Nuevos Derechos, Raúl Barrandeguy, aceptó cambios al texto que fue remitido al plenario a sugerencia del convencional de Recrear, Martín Acevedo Miño, y de la justicialista Laura Gastaldi, quien había presentado un proyecto propio que pidió se incluya en la versión taquigráfica, aunque finalmente apoyó, no del todo convencida, el texto.
Finalmente, quedó redactado de la siguiente manera: “toda persona tiene derecho a interponer acción expedita, rápida y gratuita de habeas data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, a sus familiares directos fallecidos, o a sus propios bienes, así como de la fuente, finalidad y destino de los mismos, que consten en todo registro, archivo o banco de datos públicos o privado de carácter público, o que estuviesen almacenados en cualquier medio técnico apto para proveer informes”.
En otro párrafo del artículo se señala que: “en caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos podrá exigir sin cargo alguno, la inmediata rectificación o actualización de la información falsa, o a la supresión o confidencialidad de la sensible. El ejercicio de este derecho no puede afectar las fuentes de información periodística ni el secreto profesional. La ley establecerá el trámite de la acción prevista en la presente, que no procederá cuando la obtención de los datos reclamados estuviese legalmente permitida y reglamentada”.
Al cierre, la Convención se aprestaba a votar el artículo que consagra constitucionalmente la obligación del Estado de proteger y promover el deporte, a lo que se suma en la agenda para la sesión el despacho sobre habitantes sometidos a proceso penal, el derecho a la seguridad, el derecho a asociarse y el ministerio público.
