El acceso a la información pública
«El acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los Poderes u órganos, entes o empresas del Estado o Municipios, es uno de los derechos que esta Constitución reconoce. Sólo mediante una ley puede restringirse en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de reserva dicha información.
La información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible», sostiene el texto aprobado hoy.
Fernando Baéz (FJpV) fundamentó el dictamen que –dijo- «dará mayor transparencia y mayor calidad institucional» y «afianzará la vigencia de las libertades públicas y de la libertad de prensa en la provincia». Esa definición, vino luego de una introducción que ofreció Raúl Barrandeguy en la que destacó que la información es un «bien humano, sin el cuál no se puede concebir la libertad de pensamiento y conciencia».
Américo Schwartzmann (CC) puntualizó que el dictamen no se confeccionó «para los periodistas. Es para todas las personas que quieran ejercer este derecho», resumió. «Sin acceso a la información garantizado constitucionalmente no es posible el ejercicio de la ciudadanía» y cerró su alocución, citando a Mariano Moreno y su exhortación a la constitucionalización de los derechos de los pueblos que calificó como precepto inspirador para la sanción del despacho. Luego, desde el bloque Viva Entre Ríos (VER), Flavia Pascualini, habló de la información como bien social y observó que su propuesta, que firma junto con Augusto Alasino,»avanza mucho más» ya que no coincide con su reglamentación a través de una ley.
También hicieron uso de la palabra los radicales Juan Carlos Arralde, Griselda de Paoli y desde Viva Entre Ríos, Marciano Martínez, quien destacó que hablamos de las decisiones de un Estado republicano y entendió que es restrictivo recurrir a la ley. Augusto Alasino, también cuestionó el dictamen: «No le damos información, le permitimos que la vengan a buscar» y pidió una revisión del texto.
Tribunal de Cuentas
En este tema, hubo disidencias, presentadas por los bloques de la UCR y de VER, y una modificación en los plazos de revisión ante la Legislatura, del dictamen con unanimidad, que se reverá en la Comisión de Redacción pero finalmente y por 31 votos se impuso el texto de la mayoría que define al Tribunal de Cuentas como «un órgano de control externo con autonomía funcional».
Federik puso de relieve la posibilidad de que ejerza controles previos, facultad que hoy no tiene. Sobre este proyecto expusieron Julio Federik, como titular de la Comisión de Control del Estado; Jorge Monge, Augusto Alasino, Flavia Pascualini, Juan Carlos Arralde, y Raúl Barrandeguy.
La defensa del productor
Como introducción al tratamiento de este dictamen, que vino en segunda revisión del la Comisión de Redacción, el presidente de la Convención, Jorge Busti, trajo al recinto las palabras de Juan Domingo Perón: «En nuestra República, desde que comenzamos a pensar en la necesidad de dejarnos de pelear por pequeñeces y empezamos a pensar que todos tenemos un destino común, y que el país también lo tiene, debemos despreciar esas insignificancias para dedicarnos a lo fundamental, que es engrandecer el país, enriquecerlo y hacer un pueblo digno y feliz».
El despacho sancionado dice: «el Estado promoverá las condiciones esenciales para la diversificación, industrialización, y participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción posibilitando el incremento de su rendimiento de manera sustentable. Resguardará al pequeño y mediano productor y garantizará su participación en el Consejo Económico y Social. Procurará para la población rural el acceso a la propiedad de la tierra y promoverá su defensa”.
La segunda observación de este texto generó otras proposiciones: Alasino pidió que la Convención se expida sobre el conflicto agropecuario a lo que se sumó Santiago Reggiardo (PS). El convencional Martín Acevedo Miño, impulsó una declaración del cuerpo ante «la gravedad del conflicto» entre el sector agropecuario y la Nación. Miguel Carlín (FJpV) y Fabián Rogel (UCR) armonizaron en que la Convención ha impulsado y sancionado distintos proyectos, como la defensa de la pequeña y mediana industria, la tenencia de la tierra y el Consejo Asesor.
