Se dispuso además modificar preventivamente las funciones del agente, a fin de “facilitar la investigación”. Por tanto se le designaron funciones de administrativo en la Residencia Socio Educativa “Nuestro Lugar”.
También se estableció la realización de una auditoría en el ámbito de la División Liquidación de Sueldo, a través de la Dirección de Administración del Consejo del Menor, a fin de determinar “desde cuándo se vienen llevando a cabo los desvíos y/o sustracción de fondos y a cuánto ascendería el monto total de tales movimientos”.
En tanto, se instruyó “una información sumaria en el ámbito de la División Liquidación de Sueldo, con el fin de deslindar responsabilidades”.
Los considerandos
La Resolución se dictó luego de que la Jefa del Departamento Contable del organismo, María Andrea Trinadori, y la Jefa del Departamento Tesorería, Edit Garay, formularan la denuncia ante la Directora de Administración Sonia Schultheis, el Coordinador Raúl Medina y el Asesor legal Patricio Zapata.
En los considerandos de la Resolución se explica que Garay recibió una llamada de un empleado del Nuevo Banco de Entre Ríos, quien alertó sobre los “importes significativos” que se acreditaban a la cuenta ingresos del Jefe de la División Liquidación de Sueldo del Consejo del Menor, Claudio Ramón González, los cuales excedían las liquidaciones normales. También se registraban movimientos fuera de los períodos asignados para los cronogramas de pago habituales.
“La irregularidad consiste en que el agente remitía pedidos al Banco para que se debite de la cuenta corriente del Consejo del Menor un importe determinado y se acredite en distintas cuentas, una de ellas correspondiente la cuenta ingreso del señor González”, se lee en el documento.
En uno de esos pedidos, fechado el 3 de marzo de 2006, la cifra ascendía a 20.626 pesos. También se constató similares solicitudes en otras ocasiones.
Montos variables
Además, se comprobó que los montos acreditados en la cuenta de González fueron variando mensualmente, llegando en ocasiones a superar los 20 mil pesos.
De acuerdo a lo que se explica en los considerandos de la Resolución, las notas y planillas que se remitieron al Banco eran confeccionadas por González, quien luego las hacía suscribir por funcionarios habilitados para su presentación en el Banco.
Por tanto, se concluyó que la conducta que se le imputa al agente consiste en desviar fondos públicos –sustrayéndolos- para que sean acreditados en su cuenta. Esto, según se expresa en el documento, constituye “una falta grave en el desempeño de las funciones del agente, pasible de sanción de cesantía previo sumario y defensa”.
