La ordenanza que establece el Consejo de Seguridad Ciudadano, sancionada en 2016 durante la gestión de Enrique Cresto, establece la reunión de los responsables de las diferentes fuerzas de seguridad provinciales y nacionales con asiento en Concordia, autoridades municipales, concejales e integrantes de asociaciones intermedias de la sociedad civil. “Se intentan generar políticas públicas para prevenir delitos y colaborar con la Justicia”, indicó el edil.
Sin embargo, en un año y ocho meses, solo se reunió una vez. En ese lapso, hubo un sinnúmero de presentaciones de vecinos respecto del tema de la seguridad. “Algunos nos dicen ‘no vamos a presentar porque no nos dan respuesta ustedes’”, dijo Dell Ollio.
La potestad para convocar es del Ejecutivo. Los ediles de Juntos por el Cambio presentaron una modificación –autoría de la concejal Carola Laner- a la ordenanza estableciendo que la potestad para convocar también corresponde al Concejo. Dell Ollio explicó que las reuniones deberían llevarse a cabo al menos, de manera virtual. “Se aprobó por unanimidad”, dijo.
No obstante, la ordenanza fue vetada la semana pasada. El presidente del bloque opositora dijo que los argumentos utilizados eran “rebuscados” e “incoherentes”. “No nos decían como íbamos a convocar y está clarísimo como se va a convocar. Hay una intención evidente de que no tengamos esa facultad de convocarlos”, dijo. Dell Ollio dijo que no tiene intención de llamar a reuniones todas las semanas, pero sí que haya más asiduidad en las convocatorias que las que hubo en el último año y medio.
Mientras tanto, sobretodo en 2021, “hay un montón de movilizaciones de remiseros, mensajeros, colectiveros, familias que han perdido un ser querido”, dijo Dell Ollio. Por ese motivo, rechazaron el veto el jueves pasado con los 2/3 de los concejales e insistieron con la ordenanza que había sido vetada.
Respecto de la importancia de las convocatorias del Consejo, Dell Ollio señaló que las fuerzas de seguridad “aportan un montón a lo que podemos aportar nosotros”. Asimismo, indico que el Ejecutivo municipal no tiene la facultad para intervenir en cuestiones de seguridad, que depende del gobierno de Provincia, mediante la Policía, y de la Justicia ordinaria. No obstante, sostuvo que el municipio tiene otras herramientas que puede utilizar. Entre ellas, el conocimiento del desarrollo territorial, de los barrios, etc. De hecho, hay un proyecto de ordenanza sobre el mapa de delito, que no fue aprobada, que podría ser una iniciativa a tener en cuenta, aunque hay quienes objetan ese tipo de política porque entienden que promueve una estigmatización de ciertos barrios y de quienes viven allí.
Lo que el municipio en verdad puede generar son políticas tendientes, por ejemplo, a mejorar la iluminación nocturna de las calles, instalar más cámaras de seguridad o mejorar la conectividad de las que ya están funcionando. “Algunas no están funcionando de la manera que deberían”, acotó. “Hay un montón de cosas que se pueden hacer”, señaló Dell Ollio.
En la sesión del jueves, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Gastón Etchepare, dijo que el tema de seguridad les preocupa a todos los concejales. “Por eso vamos a acompañar el pedido de explicaciones al Ejecutivo. Somos coherentes porque los acompañamos desde un primer momento. Por eso, cuando se nos dice muchas veces que no que no tenemos opiniones propias, esta es una muestra de que estamos trabajando por todos los concordienses y que las políticas de seguridad lleguen a cada uno de ellos”, señaló. Por ello, Etchepare, junto Claudia Villalba. Alicia Maldonado, Cristina Guitar y Juan Domingo Gallo aprobaron el rechazo al veto del Ejecutivo junto a los ediles de JxC.
