El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó en durísimos términos un planteo del Colegio de Abogados local para suspender las elecciones populares de consejeros de la Magistratura.
En una veintena de páginas, en las que desgranó una severa crítica hacia la forma en la que la corporación de abogados desparramó planteos similares en todo el país, el juez advirtió que «aquellos que se han prestado a este juego dictando inaudita parte medidas cautelares, y cercenando la posibilidad del Pueblo de elegir a sus representantes, le han hecho un daño a la Justicia y a nuestras instituciones y han generado un precedente que debería rápidamente ser desautorizado».
El magistrado habló de «gravedad institucional» y estimó que ninguno de los jueces que ya emitieron fallos suspendiendo la elección popular de consejeros de la Magistratura (ayer se sumó un tercer fallo en ese sentido), ni tampoco él mismo, cuya postura parece estar en las antípodas, tiene facultades para resolver esta cuestión. Según Ramos Padilla, debe intervenir la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría.
Ramos Padilla describió que «distintas organizaciones, asociaciones, colegios, desarrollaron una estrategia común para formular planteos de similares características en distintas jurisdicciones del país». Y consideró que «estos planteos de inconstitucionalidad fueron diseminados en los distintos juzgados, buscando que al menos un juez –ya ocurrió en dos casos– con competencia federal dicte una medida cautelar, o en el mejor de los casos una sentencia definitiva, que suspenda los próximos comicios».
Tras esa descripción, denunció que ese «modo de actuar, enmascarado dentro del legítimo derecho de peticionar a las autoridades y el reconocido acceso a la justicia que resguarda nuestra Constitución y numerosos tratados de Derechos Humanos, constituye un ejercicio abusivo de ese derecho».
El mecanismo de presentar denuncias con un mismo objetivo en distintos juzgados se conoce en la jerga tribunalicia como «forum shopping». Se trata de una fisura en el sistema que permite, con un poco de astucia y otro tanto de conocimiento, encontrar un juez que dicte un fallo de acuerdo a las expectativas de quien plantea el conflicto judicial.
Ante una ley nacional, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) prefirió diseñar una estrategia en la que cada uno de sus integrantes presentara un amparo en su jurisdicción. Así, basta con que haya al menos un fallo suspendiendo las elecciones para que el proceso se vea interrumpido, aun cuando el resto fallara en sentido contrario.
Según el juez de Dolores, «es tan ilícita la conducta de quien busca de este modo irregular la intervención de aquel magistrado, como la de aquel magistrado que sabiendo que está frente a una maniobra como la descripta se presta a resolver la cuestión».
Y advirtió que «en el caso de prosperar, no sólo suspendería el derecho del ciudadano de ejercer en los próximos comicios la posibilidad de expresar y elegir a los abogados que integrarán el Consejo, sino que además ello se habrá logrado de manera irregular, (…) poniendo en riesgo el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado e incluso la legitimidad propia de sus decisiones.»
El fallo sostiene que «el modo en que se articularon estas presentaciones constituye un hecho de gravedad institucional de la que los magistrados sorteados no podemos ser cómplices –el que en definitiva constituye una excursión de pesca judicial en busca de algún magistrado proclive a aceptar esta irregular pretensión emparentada con el forum shopping–, contraría los mandatos de lealtad, probidad y buena fe, que de prosperar habrán dañado gravemente la autoridad y el funcionamiento de uno de los poderes del estado y consolidado un precedente funesto para la ya dañada historia de nuestro Poder Judicial».
Pocas veces antes una resolución judicial embistió con tanta vehemencia contra lo que desde el poder político se denomina «la corporación judicial».
Ramos Padilla opinó que debe intervenir Servini de Cubría, pues ella «es quien debe organizar el calendario electoral, inscribir candidatos, recibir las impugnaciones y resolver los planteos que puedan suscitarse en torno al proceso eleccionario; por otra parte, se encuentra tramitando en el juzgado a su cargo con anterioridad al menos cinco expedientes similares, en un estado procesal más avanzado».
Justamente ayer, Servini rechazó las excusaciones del fiscal electoral Jorge Di Lello para intervenir en los amparos contra la reforma del Consejo y sólo admitió que no se ocupara en el planteado por la Asociación de Magistrados, ya que forma parte de esa organización. La jueza inició ayer una licencia de una semana y se reintegrará el próximo lunes, justo a tiempo para resolver si suspende o no la elección de consejeros en las primarias del 11 de agosto.
Habiendo declinado la competencia, Ramos Padilla se permitió fijar su postura sobre el origen y la legitimidad de la justicia. Proclamó que «el modo de elegir a los jueces debe provenir de una discusión racional, alcanzada en los ámbitos de mayor representación democrática del país».
En ese sentido, concluyó: «Jueces y abogados no podemos colocar por encima de los intereses del Pueblo nuestros reclamos corporativos y mucho menos presentar una lluvia de amparos y medidas cautelares para lograr que algún juez de cualquier lugar del país dicte un pronunciamiento suspendiendo las elecciones y cercenando en definitiva los derechos del Pueblo.»
