Es de destacar que el contexto político es sustancialmente diferente : en la provincia hay un gobierno de signo peronista ; el intendente de entonces era radical, Luis Luna (el senador que el año pasado se mantuvo encadenado por una semana a su banca en reclamo de una solución política a la crisis institucional de su pueblo), ahora, y desde hace seis meses, el que manda es el interventor Luís Umedez, de signo justicialista. Los radicales denunciaron que el PJ le birló en la justicia el triunfo obtenido en las urnas.
Es de destacar que, en noviembre de 2003, la UCR ganó por una diferencia de 28 votos. El reconocimiento de ese resultado por parte del gobierno provincial fue tal que designó comisionado al candidato radical, González, hasta tanto se resolviera la discusión entablada por Boxler que derivó en los tribunales y llegó hasta la máxima instancia de la Corte Suprema. Por esos días se escuchaban discursos mediadores que le daban la razón de la “legalidad” del planteo de Boxler (porque la responsabilidad fue de los propios fiscales radicales y de los apoderados que no reclamaron a tiempo) y de la “legitimidad” a González. Pero, en Bernardi, los radicales se negaban a que se desconozca la voluntad popular y los peronistas a que no se acaten los fallos judiciales. El clima de tensión fue en ascenso y se registraron hechos de violencia, como los disparos que impactaron contra la vivienda de la madre del senador Luna, mientras se votaba la intervención en el Senado.
Si en la anterior elección hubo una diferencia de 28 votos, en la del 5 de junio se pondrá sumo cuidado en el punteo de cada elector. Desde el PJ, por ejemplo, se manifestó preocupación por la actualización de los padrones, porque estiman que entre cambios de domicilio y nuevos votantes podría haber una variación de entre 20 y 30 personas habilitadas para votar.
En todo el largo proceso que demoró la normalización institucional se notó, en términos políticos, una diferencia entre el justicialismo en el gobierno provincial y el de Bernardi. De hecho, la protesta de Luna encontró respaldo en la primera línea del gobierno provincial y el principal apoyo que recibió Boxler fue el del diputado Raúl Solanas, parte de un sector interno que no responde a la conducción de Busti.
Ayer, Boxler dijo no estar notificado de la convocatoria a elecciones, de la que sólo tenía una confirmación verbal por parte del interventor. Y prefirió no formular declaraciones hasta tanto esto ocurra y, en el plano partidario, se formalice su postulación.
Más seguro se lo notó a su contrincante González. El radical ponderó el “buen tacto” del interventor Umedez para cumplir con su objetivo de “normalización de la situación institucional y restablecimiento de la paz social”.
En un momento se había especulado con la realización de la elección en conjunto con los comicios de diputados nacionales, convocados para el 23 de octubre. La ventaja —decían en el PJ— era que la organización del acto eleccionario por parte de la Justicia Federal aportaba transparencia y desautorizaba cualquier sospecha sobre interferencia provincial en el proceso. Pero los planteos de la UCR, ante el vencimiento de los plazos de la intervención (se cumplen el 6 de junio), precipitaron la convocatoria a elecciones y en una fecha separada, como lo quería la UCR, preocupada porque los intereses de la elección nacional se mezclen con los de la local y terminen favoreciendo al PJ.
Para complicar un poco más las cosas, no pocos radicales y peronistas pusieron su firma a un petitorio que, antes de este llamado a elecciones, hicieron circular un grupo de vecinos entre los habitantes del pueblo a fin de que la intervención se prorrogue hasta 2007. Pero el planteo, que en principio se iba a presentar al gobernador Busti, no llegó a formalizarse.
