La causa se inició luego que el efímero fiscal de Estado, Jorge Romero, denunció a Montiel y al entonces fiscal de Estado, Sergio Avero, de la supuesta comisión de este delito, penado por el artículo 248 del Código Penal. Tras recolectar pruebas, el magistrado decidió procesar a ambos funcionarios por entender que el 13 de junio de 2003, la Legislatura de la provincia resolvió rechazar las observaciones formuladas en el veto parcial mediante el dictado del decreto N° 1.607, referido al Presupuesto del ejercicio 2003.
De este modo, Montiel habría omitido deliberadamente durante su gestión como gobernador, “proceder al registro y publicación del proyecto de Ley sancionado impidiendo su entrada en vigencia”.
