La Jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Dra. Marina Barbagelata, condenó hoy a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional a Graciela Barrios y Adolfo Bordón, acusados de Estafas reiteradas (diez hechos) en concurso real, en calidad de coautores materiales. La calificación legal y la pena fueron acordadas por los fiscales, Dres. Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, con los defensores oficiales, Dres. Emiliana Cozzi y Juan Carlín (por Bordón) y Guillermo Retamar (por Barrios), en el marco de un proceso abreviado en el que ambos imputados reconocieron la autoría y responsabilidad de los diez hechos.
La acusación concreta consiste en que, entre noviembre de 2014 y junio de 2015, Barrios Bordón, de común acuerdo, ofrecieron a la venta viviendas construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV), construidas en las ciudades de Paraná y Colonia Avellaneda, careciendo de facultades para realizar esos negocios en nombre de dicho organismo, y aprovechándose de la necesidad de las víctimas de tener una vivienda propia, ocasionándole a los damnificados perjuicios que van desde los 5.000 hasta los 35.000 pesos, según cada caso.
Los denunciantes indicaron que los imputados les ofrecían viviendas sin necesidad de inscripción en el sistema de vivienda social, ya que supuestamente se trataba de unidades que no habían sido sorteadas y que ellos vendían porque tenían “contactos políticos en Casa de Gobierno”.
En la audiencia realizada hoy, sin perjuicio de la confesión, fueron expuestos a la Jueza las diferentes evidencias colectadas en la Investigación Penal Preparatoria, que consisten básicamente en los diferentes testimonios de los damnificados y mensajes de texto obtenidos de teléfonos de los damnificados y de computadoras y teléfonos secuestrados en allanamientos realizados en los domicilios de los sospechados.
Después de evaluar los diferentes aspectos del acuerdo, la Jueza Barbagelata resolvió condenar a Graciela Barrios y Adolfo Bordón a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Además, le impuso como reglas de conducta la obligación de fijar domicilio que no podrá ser variado sin autorización judicial, comparecer periódicamente a acreditar el cumplimiento, realizar trabajos no remunerativos en una institución durante tres años, abstenerse de realizar cualquier tipo de acto molesto y/o perturbador en contra de las víctimas, denunciantes o testigos, y abonar una suma de dinero que será entregada a las víctimas en forma proporcional a la suma denunciada por cada una de ellas.
