Los fundamentos del tribunal coincidieron con los del fiscal Leandro Ríos y se expidió por unanimidad al considerar que el ex senador justicialista, entre 1987 y 2003, habría hecho pasar por indigente a su cónyuge para así obtener una vivienda otorgada por el Estado provincial. Tal afirmación fue cuestionada por la defensa que argumentó durante el juicio que la vivienda ocupada por Pacayut fue cedida en 1976 por Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) empresa donde el legislador trabajó hasta que la compañía cerró sus puertas.
El tribunal, compuesto por Hugo Daniel Perotti, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Malatesta, advirtió que en el hecho hay más partícipes que, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, deberán ser investigados. Entre ellos el ex titular del IAPV, Aníbal Vergara, y a los ex vocales Luis Alberto Goy y Joaquín Venturini por su eventual participación primaria en el ilícito.
En el caso de su esposa, Ruth Klein, el tribunal le dictó una sentencia de dos años de prisión condicional y una multa de 20.000 pesos y la obligación de realizar durante 10 meses un trabajo comunitario.
Una vez que YCF desactivó a mitad de la década de 1990 un establecimiento forestal que poseía en Mazaruca, una población ubicada a 25 kilómetros de Ibicuy, quedó allí un grupo de viviendas de estilo inglés totalmente deshabitadas.
En la Legislatura se impulsó un proyecto para que el IAPV tomara a su cargo esas viviendas y distribuirlas entre familias más necesitadas. Entre los postulantes, se presentó Klein. Puntualmente, la Justicia pretende probar que al momento de adjudicarse esa vivienda, la esposa de Pacayut no era indigente, sino propietaria de una vivienda en Paraná, ubicada en Laprida al 500.
Cabe señalar que el ex titular de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Rovira, fue quien inició la investigación. El 11 de diciembre de 2006 se había dictado el procesamiento de Pacayut en la causa, pero desde esa fecha el expediente estaba a la espera en la Sala I de la Cámara del Crimen, aguardando ser anexado a la causa Puerto Ibicuy, que también se sustancia en ese mismo tribunal. Esto último, reclamado por los abogados defensores, finamente no se concretó.
