Según se ventiló en el juicio, Goy; quien tenía inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos desde 2005 (cuando fue condenado por defraudación a la administración pública junto con Juan José Luna, y Antonio Omar Alalí) volvió a ocupar un cargo estatal en el Municipio de Concordia, durante la primera administración de Gustavo Bordet.
La sentencia por defraudación, quedó firme, luego de la casación y fallo confirmatorio del Superior Tribunal de Justicia, el 14 de diciembre de 2007; sin embargo Goy accedió a un cargo público como jefe de Proyectos Especiales, bajo la orbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el 16 de enero de 2008, por decreto del Departamento Ejecutivo Nº 044/2008, y mantuvo ese cargo hasta que el Intendente Bordet dejó sin efecto la designación el 1º de julio de 2009, tras ser intimado por un oficio judicial.
Según se constata en la sentencia, la Jueza Carolina López Bernis lo halló penalmente responsable del delito de quebrantamiento de pena, y lo condenó a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, bajo la modalidad de semidetención nocturna, por lo que Goy una vez que quede firme la sentencia, deberá ir a dormir a la Unidad Penal Nº 3 todas las noches desde las 21.00 y retirarse al día siguiente a las 6.00 de la mañana, durante seis meses.
Un dato que no deja de sorprender, es que el actual intendente no se hubiera anoticiado de la inhabilitación que pesaba sobre Goy, cuya condena fue pública, y ampliamente comentada por los medios.
“Barrandeguy me dijo que estaba suspendida”
Si bien el imputado se abstuvo de declarar en esta instancia, como es de estilo se incorporó su declaración previa, que obraba en expediente desde que Goy declaró en sede de instrucción. En ella, el condenado señalaba que el estaba seguro de que la sentencia no estaba firme, porque su entonces abogado defensor, Raúl Barrandeguy (actual diputado nacional) le había aclarado que interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN. Al respecto vale aclarar que los recursos de queja no suspenden aplicaciones de pena, y mucho menos cuando estas fueron confirmadas por un tribunal superior como es el caso. la queja es un último recurso al que se accede cuando el Superior Tribunal de Justicia no concede la casación de su fallo ante la CSJN, y por lo tanto no tiene validez para suspender la sentencia.
La segunda línea defensiva de Goy, quien fue representado por el abogado particular Jorge Esteban Romero, fue alegar que él había entendido que “no podía ocupar cargos políticos”, pero que su cargo era de empleado municipal. Y relató en consecuencia, que en diciembre de 2012 Bordet lo llamó para ofrecerle la secretaría o la subsecretaría de planeamiento y obras públicas, y que él conciente de la inhabilitación, se negó a ocupar ese cargo: el imputado declaró que le pidió disculpas y le agradeció que lo haya convocado pero le informó que no podía aceptar porque tenía como pena una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, que si bien no estaba firme -declaró- porque su abogado defensor la había apelado, no podía aceptar.
La Jueza entendió que Goy es una persona instruida, y que no pudo haber incurrido en tal error de interpretación. Que siendo profesor de Historia, Maestro Mayor de Obras, y habiendo sido Concejal, integrante del directorio del IAPV, y haber ostentado un cargo en Vialidad provincial, su experiencia laboral era además experiencia en la función pública, sumado a ello que contó con asesoramiento legal durante todo el proceso, agotando incluso la vía recursiva, por lo que se descarta cualquier hipótesis de confusión sobre sus limitaciones.
