Además del petitorio de la asamblea que, entre otros, suscribió el capellán del Hospital Leonardo Tovar, el jefe comunal hizo una serie de observaciones a “la normativa referida a los concursos para designar los directores”.
Para Fuertes, la Ley 9.892 “carece absolutamente de impedimentos o salvaguardas jurídicas que eviten la confusión de intereses en la administración de los recursos públicos del hospital y del sector privado”.
Los cuestionamientos del intendente se centran en los requisitos establecidos en el llamado a concurso y sobre los postulantes a esos cargos.
“Entendemos que es necesario una legislación que impida situaciones de falta de transparencia referidas a la designación de directores que a la vez sean propietarios de clínicas y se de la situación de directores que contratan con ellos mismos”, indicó en un documento que le entregó, también ayer, al secretario de Salud Pablo Basso.
Fuertes explicó que su “preocupación” sobre lo que “no” dice la legislación, lo que puede generar situaciones confusas e incompatibles.
En ese sentido, recordó que existen normas constitucionales, leyes y decretos que evidencian la importancia de “evitar la falta de transparencia en el uso de los dineros públicos”, que en la Ley 9.892 no están específicamente establecido.
A modo de ejemplo –y así lo transcribió en el petitorio que le entregó a Basso—el presidente Municipal recordó que el artículo 55 de la Constitución de Entre Ríos, especifica que “son incompatibles los cargos de senador y diputados con el de funcionario o empleados dependiente de una empresa particular que se rija por concesiones de la Legislatura y que tenga, por ese hecho, relaciones permanentes con los poderes públicos de la provincia”.
En ese mismo artículo, se indica que “el representante que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, quedará, por ese sólo hecho, separado de la representación”.
Para el intendente, una cláusula similar al artículo 55 de la Constitución provincial como lo que establece el Código Penal en delitos contra la administración pública debería aplicarse en la legislación que rige sobre los concursos de los directores de hospitales públicos.
En palabras de Fuertes, lo que no debería permitirse es que un postulante para un cargo a director (más allá que deba concursar el cargo) sea a su vez, propietario de un sanatorio privado o sea proveedor de los centros asistenciales públicos.
“Lo que estoy proponiendo es que, a través de un organismo pertinente de la Secretaría de Salud, se elabore un anteproyecto que permita un adecuado tratamiento del llamado a concurso”, indicó.
Asimismo, en coincidencia con el documento elaborado por los ciudadanos de Villaguay, Fuertes pidió que se posponga el llamado a concurso hasta tanto “haya normas jurídicas lógicas y transparentes que permitan, mediante un sistema coherente de incompatibilidades, se defiendan y administren con responsabilidad los recursos que el Estado dispone para la atención de la salud pública”.
“Lo que estoy pidiendo es que una vez que se establezcan las normas de incompatibilidades estén sancionadas, se sortee en forma transparente el momento en el cual se realizará el concurso en cada uno de los 65 hospitales públicos de la provincia”, acotó a El Diario.
Para el intendente, de tenerse en cuenta sus sugerencias, se estará a su vez, escuchando el reclamo de los villaguayenses, quienes “están exigiendo una forma diferente, transparente y democrática de conducir la salud pública”.
“Lo que la gente quiere es que el concurso de Villaguay se haga en el marco del concurso de todos los hospitales de la provincia, tal como lo establece la ley y la Constitución y no, como surgió este, por una presión corporativa”, enfatizó Fuertes.
Tal como reza el primer párrafo del petitorio, que lleva la firma de 4000 villaguayenses, el intendente reiteró que “estamos a favor del concurso, pero creemos que ahora no es el momento”.
En ese documento, los firmantes también exigen que el actual director del Hospital Santa Rosa, Gonzalo Carril, tenga posibilidades de participar de la convocatoria, situación que tal como están establecidos los requisitos quedaría fuera, debido a que los postulantes deberán “acreditar una antigüedad no menor a cuatro años como director o en cualquier jefatura de servicio, y tener aprobado un curso de gerenciamiento y administración hospitalaria”.
A entender de la asamblea ciudadana, que Carril pueda participar del llamado no sólo “sería lo justo” sino que se haría un proceso transparente y tal como lo expresó Fuertes en su propio petitorio, los vecinos de Villaguay exigieron que se “estudie bien la ley de concurso de tal manera que quede bien diferenciado que personas con intereses en lo privado no pueden dirigir la cosa pública”.
En otros de los puntos del documento “Todos por el hospital”, cuya firma la encabeza el cura Tovar, se indicó que “necesitamos urgente que se solucione el problema del anestesista ya que el Estado es responsable de proveernos, no podemos seguir así, postergando las operaciones y con el corazón en la boca porque no sabemos cuando se enoja uno y te abandona el cargo perjudicando a nuestros hermanos que no pueden ir al sanatorio o fuera de Villaguay”.
Además, se señaló que “no alcanza solo con las cirugías de urgencias, necesitamos regularizar las cirugías programadas y dejar de gastar plata pública pagando traslados a clínicas privadas para hacer lo que se debe hacer en el hospital”.
El llamado está en marcha
Tras confirmar que se realizó la apertura de la inscripción para concursar el cargo de la dirección del Hospital Santa Rosa de Villaguay, el secretario de Salud de la provincia, Pablo Basso, aseguró a APF que analizará los fundamentos del pedido para postergar la convocatoria. “Si la argumentación para posponer el proceso es válida, por supuesto que habría que tenerla en cuenta y actuar en consecuencia”, dijo. A su vez, negó que la decisión de realizar el concurso esté vinculada a la defensa de intereses de “algún sector en particular” y aseveró que el objetivo es “transparentar el cargo de director de todos los nosocomios”.
Auditoría
Los firmantes también le solicitaron al Gobernador (Sergio Urribarri) que “realice una auditoria contable y administrativa de estos últimos 20 años, es decir los ciudadanos queremos saber que se hizo y como se usó el dinero público que recibió el hospital en este periodo, y administrativo dentro de lo cual se deberá estudiar el cumplimiento de todo el personal en sus compromisos laborales. Esta auditoría servirá para dar transparencia y quitar unos fantasmas que revolotean sobre nuestro hospital, como contribuyentes nos merecemos este informe”.
“Es verdad que los profesionales ganan poco pero no solo ellos, los empleados no profesionales también”.
Además se pidió que así como se le pide el cumplimiento horario a los empleados no profesionales, “los profesionales también deben cumplirlo”.
De manera “urgente”, se solicitó “un psiquiatra y un neurólogo, especialidades que no hay en todo el departamento”.
Fuente: El Diario
