De los distritos registrados en la medición, el que tiene mayor número de pobres es Resistencia, seguido por Jujuy y en tercer lugar Concordia. En cuanto a la indigencia, Concordia trepa al primer lugar, seguida por Resistencia y Corrientes.
El posicionamiento de Concordia en las distintas mediciones del INDEC no es un hecho nuevo. El INDEC informó, en mayo pasado, que Concordia era la ciudad con mayor cantidad de niños pobres de la Argentina. Encabezaba el ranking de pobreza en menores de 14 años, con el 75,7 %, es decir, tres niños de cada cuatro. Era seguida por Corrientes con el 75 % y Resistencia con el 74,6 %.
En diciembre pasado, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC volvía a situar a esta ciudad entre los tres primeros conglomerados urbanos a nivel país en los índices de desocupación. Concordia figuraba en el tercer puesto de la medición del Indec en porcentajes de desocupados sin computar a quienes poseen planes laborales como trabajadores ocupados (Concordia tiene el 25,9 % de su población desocupada y sólo es superada por El Chorrillo, San Luis, 26, 9 % y Catamarca). Y en el primer puesto, si se clasificaba a quienes poseen planes sociales como trabajadores ocupados.
Una ciudad diferente
La ciudad comenzó un proceso de destrucción del empleo hace exactamente 3 décadas atrás. Muchos de los encuestados señalan que Concordia, hasta el Rodrigazo (1975) y el comienzo de la última dictadura militar (1976), era una ciudad pujante, con numerosas industrias y un movimiento comercial importante.
Roque Mario Tito, abogado y ex-secretario de la Producción durante la gestión de Sergio Montiel, recordó que: “acá había un frigorífico donde trabajaban 2.000 personas. Estaban las fábricas aceiteras como Olipur o Sanderson, Pindapoy y la industria vinculada al citrus, había molinos harineros como Río de la Plata”.
Roberto Beherán, abogado y ex-vocal de CTM, recuerda a Concordia como “una ciudad pujante, llena de prosperidad, con industrias, con comercio, un hongo productivo, una ciudad que se iba para arriba. Era la envidia de Paraná y Santa Fe, ciudades burocráticas que viven prendidas del Estado, de un sueldo público”. Pero la dictadura militar hizo estragos, debido a que la política económica diseñada por José Alfredo Martínez de Hoz destruyó el tejido industrial del país. En Concordia cerraron numerosas fábricas.
A este proceso de destrucción del empleo se le sumó la finalización de la construcción de la Represa de Salto Grande. De una dotación de 2.000 trabajadores que trabajaban en forma directa -muchos provenientes de otros lugares del país-, a lo que hay que añadirle la mano de obra ocupada en forma indirecta, quedó un plantel compuesto por 700.
Ricardo Giménez, presidente de la delegación local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, explicó: “terminada la construcción de la represa, vino la gran frustración. Había un gran desconocimiento porque a nivel nacional e internacional se sabe que las grandes represas son catedrales en el desierto en la medida que no vayan acompañada de un programa de desarrollo”.
La política de destrucción del empleo estable perduró durante la democracia. La privatización del ferrocarril podó los 2.000 empleos ferroviarios que tenía Concordia –antigua cabecera del Urquiza- y lo redujo a la mínima expresión, 100.
Los gobernantes que se han turnado en el poder desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha no han podido revertir la matriz regresiva de la política económica de la dictadura. O no les interesa hacerlo. Mario Bordón, abogado y ex-candidato por diversos nucleamientos de izquierda, expresó: “al no poder revertir el modelo productivo que había impuesto la dictadura, los gobiernos de Concordia y entrerrianos no tuvieron peor idea que capitalizar esos bolsones de pobreza en beneficio de su caudal electoral y llegaron a la conclusión que era más negocio seguir reproduciendo la pobreza y la miseria que buscar algún tipo de reactivación o limitación a la extensión de la pobreza”.
La miseria se filtra en todos los ámbitos cotidianos. Stella Maris Rivero, secretaria general de Agmer, expresó que: “hoy los chicos, entre los 6 y los 10 años, no dibujan ollas ni mesas en el aula. En su casa, desde que tienen uso de razón, ya no hay mamá cocinando, ya no hay olla. Hay comedor comunitario y hay papá y mamá mendigando, cirujeando, emborrachándose, prostituyéndose”.
¿Cuál es el camino a seguir?
Muchos apuestan por las actividades primarias, inculcándoles valor agregado. Juan Francisco Fagalde, vicepresidente de la Fecier (Federación del Citrus de Entre Ríos), manifestó que su satisfacción por los emprendimientos arandaneros. Pero advirtió: “con 1.000, 1.200, 1.500 has. que puede haber en poco tiempo, vas a precisar 8.000 o 10.000 personas en ese espacio de tiempo. Si la gente de acá no aprovecha, va a venir gente, no van a volver, se van a quedar y ahí comienza nuevamente el proceso como el de Salto Grande”.
Walter Doronzoro, secretario de la Uocra y de la CGT a nivel local, manifestó su convicción que el Estado debe generar infraestructura al sector privado para que invierta. “La autopista sobre ruta 14; infraestructura edilicia; de servicios esenciales, como aguas, cloacas, luz, abaratamiento de la energía”, ejemplificó.
Estela Toller, contadora y docente de la UNER y del Profesorado de Ciencias Sociales, indicó que el Estado debe tener un papel activo en la generación de empleo. “Hay que mirar a futuro, los cambios tecnológicos son cambios que se van a venir y hay que mirarlos con mucha antelación. Hay que ver cuales serán las actividades que en no muchos años quedarán obsoletas y que van a provocar un desplazamiento de mano de obra”.
Roberto Niez, aseguró que los empresarios deben trabajar codo a codo con el Estado para comenzar a instruir a las personas que viven de los planes de empleo en actividades productivas. “El gobierno tendría que facilitarle al industrial la cantidad de planes que necesite para meterlos dentro de la empresa”, aseguró.
