El primer avance sobre un supermercado sucedió en la sucursal de calle Diamante de «Maxi Total», la cadena que quebró en agosto de ese mismo año. Los empleados custodiaron las puertas hasta pocos días antes de los sucesos para resguardar los bienes existentes pensando en una futura indemnización. Algunos muchachos del barrio, al ver el local desguarnecido, comenzaron a ingresar para llevarse elementos día a día. Pero el viernes 14 de diciembre, se hicieron presentes una gran cantidad de vecinos. Los efectivos intentaron detener la marea humana que se congregaba en las puertas del local. Pero a las pocas horas, desistían y la gente llevó todo lo que encontró.
Nicolás Rojas, un ex-empleado de Maxi Total, recordaba -semanario Redes, diciembre de 2003- que en esa sucursal había: un grupo electrógeno, bateas exhibidoras con frío como si fuesen heladeras, góndolas, escritorios y sillas, cuatro freezers italianos, una carnicería completa, una verdulería completa, cuatro cajas registradoras, tres cámaras frigoríficas, una bomba para extraer el agua”. Incluso se llevaron hasta las chapas del techo, y un vecino aseguró que un camión levantó el chasis de una Ford F 100 que estaba en el fondo del local y había sido previamente desmantelada.
Siempre quedaron las dudas sobre la génesis de los saqueos. ¿Fueron espontáneos? ¿Estaba todo armado? José María “Chelo Lima -revista Junio, diciembre de 2001- señalaba que “la hipótesis de atrás de esto hay punteros del bustismo la descarto. Posiblemente hubo por allá atrás alguno que fue puntero, pero en la conducción, por sí decirlo, del conflicto ingresé yo con las autoridades. Me pidieron que hablara con la Policía, que no haya represión. Tratamos de que no ocurran desgracias mayores, nos ponemos al frente arriesgándonos a caer presos”, dijo anticipando lo que sucedería luego.
Patricio Escobar, quien había sido de los referentes del “Movimientos de Desocupados Región Salto Grande” y en esos días trabajaba para la en la Mesa Local de la CTA, visitó hoy la redacción de DIARIOJUNIO y recordó que: “la gente se convocó espontáneamente. Yo digo que acá no hubo autor ideológico, pudo haber una observación de parte de la gente al ver que estos supermercados ya estaban abandonados con comestibles adentro. Y con la pobreza, marginación, desocupación que había, alguna persona observativa inició el puntapié”.
El Indec, en 2002, dejó claro que la situación social de Concordia era devastadora: el 45,8 % de la población era indigente y el 71,7 % estaba por debajo de la línea de pobreza. Por eso no extraña que la misma tesis fuese sostenida por un puntero de la zona sur, Guillermo de Castelli, -revista Junio, diciembre de 2001-. “Esto tenía que reventar: los planes provinciales no se cobran, 3 o 4 meses sin sueldos, las cajas de alimentos vienen cada 40 o 50 días. Las cajas traen una dieta de cinco productos para un mes entero para un chico desnutrido. No hay remedios en los hospitales, no hay trabajo”.
Efecto dominó
La tarde del sábado 15 de diciembre, la gente se convocó en las puertas de la sucursal de calle San Lorenzo, también cerrada. Nuevamente la Policía intentó frenar a los vecinos, incluso se produjeron algunas refriegas y disparos de balas de goma, pero finalmente los efectivos dejaron que la gente avanzase. El mismo destino tuvo la tercera sucursal, en calle Laprida, al día siguiente.
El problema fue que mucha gente comenzó a visualizar a cualquier supermercado, almacén o carnicería como potencial blanco. “Fue un estallido; cuando reventó en un lado, reventó en el otro y en el otro. La gente a no le importaba, kiosquito que veía, kiosquito que saqueaba sin importar el daño o el perjuicio que le hacía al propietario porque era el hambre, la pobreza, la vida de los hijos la que estaba en juego en ese momento”, dijo Escobar.
El accionar de la policía se veía desbordado porque en ocasiones había hasta seis lugares diferentes donde se congregaba gente para pedir comida o cometer desmanes. Ese panorama los llevó a solicitar refuerzos a las localidades vecinas. El comisario Sergio Rufiner, a cargo de Operaciones en aquel momento, decía –revista Junio, diciembre 2001- que la orden era: “aguantar todo: insultos, pedradas, pero no reprimir”.
El avance sobre el híper
Al lunes siguiente, 17 de diciembre, se hicieron presentes en la playa del estacionamiento del Hipermercado Norte, “encabezando un grupo numeroso de personas indeterminadas y no individualizadas, por ellos convocadas, instigándolas para ingresar por asalto a dicho supermercado y sustraer mercaderías varias”, según el expediente 1139/01 tramitado en el Juzgado de Instrucción Nº 4, donde recayeron las causas sobre los saqueos al Maxi Total y el avance sobre el Norte.
“A la vez que mediante tal congregación de personas ejercieron presión sobre el ánimo o voluntad de decisión de los señores gerentes de dicho hipermercado, intimidándolos, con la finalidad que accedieran a la entrega de mercaderías a los allí convocados”. La acusación señala que, caso contrario, se produciría el asalto o saqueo, forzando así la voluntad de los representantes del Hipermercado, “quienes optaron por la entrega de mercaderías varias, cuyo valor patrimonial aún no ha sido establecido”.
Por los hechos referenciados, la fiscal creyó que la conducta de los supuestos instigadores se encuadraba en los delitos de: extorsión, instigación a cometer delito –robo en poblado y en banda- y amenazas coactivas en concurso real.
Ese 17 de diciembre, en las afueras del hipermercado, era detenido Patricio Escobar por primera vez. “Se me acusa de portación de arma blanca, ebriedad y desorden en la vía pública”. Escobar recalcó que, durante esa jornada, no participó de las negociaciones con los representantes del hipermercado. “Yo simplemente estaba como espectador, acompañando a los compañeros desocupados”, dijo. Ese mismo día quedó en libertad.
No obstante, al día siguiente se dirigía a la Jefatura de Policía para pagar una multa por “otros compañeros que habían quedado detenidos”, y luego de hacer declaraciones a un medio local, fue detenido por segunda vez. “Quedamos detenidos José María Lima, Carlitos Sánchez, yo y el hermano de Lima”, dijo Escobar.
Los cuatro imputados estuvieron desde ese día hasta el 31 de diciembre en la Jefatura Departamental. Pero el magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 4 en ese momento, Eduardo Pessolani, consideró que la investigación había llegado a “un punto muerto” en la que no se observa posibilidad de que se incorporen nuevos elementos de juicio; que se encontraba “agotada” y “al no haber elementos probatorios suficientes, serios, idóneos y convincentes para recriminar penalmente a los encartados, corresponde poner término final a esta Instrucción y desligar a los imputados dictando su sobreseimiento”.
Para Escobar, lo inolvidable “fueron las detenciones, eso deja una secuela, una marca para toda la vida. Estuvimos en un calabozo, nos iban a pasar a la cárcel por seguridad porque no se sabía si se venía o no un golpe de estado. Como detenido político, no sabés si te sacan de madrugada, si te traen de nuevo o desaparecés”, dijo Escobar. Inició una demanda por retención indebida y daños y perjuicios psicológicos. Pero la acción quedó en la nada porque el abogado “no supo llevar bien las acciones legales”.
Un asalto que no fue
El mismo 17 de diciembre, pero en horas de la noche, una verdulería ubicada en La Pampa y ruta 4 era acosada por los saqueadores. El dueño del local, José Manuel Irusta, salió dispuesto a defenderla. Pero, según denunciaría luego, fue asaltado por Guillermo “Cachetón” Carrera, un presidiario de la UP 3 en ese momento, y Jorge Medina, un ex-boxeador. Irusta afirmó que le quitaron un reloj marca “Rolex” y $ 2. Su camioneta, una Fiat Fiorino roja, sufrió severos destrozos, lo que quedó comprobado posteriormente.
Carrera y Medina estuvieron varios meses detenidos por el delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego y daño”, hasta que la Cámara Penal, el 9 de octubre de 2003, absolvió a ambos de culpa y cargo. Fue fundamental el papel que jugó la fiscal en el juicio, Alicia León, quien no pidió pena porque consideró que el “Cachetón” Carrera se “habría encontrado en la Unidad Penal” durante esa noche.
En cuanto a Medina, a pesar de que fue reconocido por un testigo, se comprobó que había sido herido de bala en una de sus piernas antes de llegar al supermercado “El Cordobés”. En cambio, León señaló que la lesión que manifestó haber recibido Irusta durante el incidente “no fue médicamente comprobada”. Además, sopesó la ausencia de la imagen de ambos en una filmación de los hechos agregado por un canal de TV local a la causa.
Cinco años más tarde, Escobar dejó de ser desocupado y trabaja en el centro de salud de La Bianca. “Nadie me regaló nada, mi señora falleció de cáncer y me quedé a cargo de siete chicos. He tenido que ir a Paraná solo a llevar una lucha que no quiera contar porque no es ejemplo para nadie. Pero sigo peleando por los desocupados”, expresó.
Concordia dejó de estar al tope de las mediciones del Indec en pobreza y desocupación, aunque tampoco está demasiado lejos; dos de las sucursales saqueadas han sido reabiertas por supermercadistas chinos; algunos dirigentes sociales han desaparecido o retornan esporádicamente a los medios, como el “Chelo” Lima quien propuso recientemente ir a cortar el puente Salto Grande.
Las únicas huellas de aquellas jornadas permanecen aún sobre el local de calle Diamante, que permanece abandonado, desmantelado; un esqueleto vacío; un símbolo visible, real, brutal del estallido.
