Con el objetivo de «contribuir a mejorar la transparencia fiscal de los gobiernos», y «medir la presión tributaria provincial y municipal sobre la actividad económica», la Fundación Mediterránea y la consultora Deloitte & Co presentaron los resultados de la investigación «Incidencia de la tributación provincial y municipal en las actividades económicas», dirigida por Nadin Argañaraz, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
El estudio advierte la existencia de una «alta dispersión en las alícuotas, alimentando una fuente adicional de desorden fiscal», y sostiene que «la heterogeneidad se da tanto entre municipios y actividades sujetas a la Tasa de Seguridad e Higiene como entre provincias y actividades gravadas por Ingresos Brutos».
En la investigación, también se compara la presión tributaria legal para cada actividad como porcentaje de las ventas netas de IVA (Impuesto al Valor Agregado). En el caso de las provincias, mide la alícuota legal promedio ponderada correspondiente al impuesto por Ingresos Brutos de cada provincia, y en los municipios la alícuota legal promedio ponderada correspondiente a la carga a nivel municipal de la Tasa de Seguridad e Higiene sobre la actividad productiva.
En provincias, el índice de presión fiscal promedio es de 1,8 por ciento, poco menos que el 10 por ciento de la recaudación total del país. Santiago del Estero con una impositiva del 3,1 por ciento es la provincia más cara, le sigue Ciudad de Buenos Aires (2,7) y Misiones (2,4). En la otra punta se ubica la provincia de La Rioja con un índice de presión fiscal de uno por ciento, seguida de Chubut (1,2), Mendoza (1,39), Santa Fe (1,48) y Córdoba (1,58 por ciento).
Sin embargo, el ranking provincial varía cuando se suma la presión fiscal municipal. Así, Entre Ríos pasa a tener una nivel del 3,2 por ciento, Tucumán (3,3 por ciento), Jujuy (3 por ciento), mientras que Santiago del Estero incrementa aún más su nivel de presión fiscal, pues sus municipios buscan cobrar altas tasas, alcanza un nivel agregado del 4,3 por ciento.
A nivel municipal, los distritos con mayor presión fiscal son: Concordia (1,71), ciudad de Santiago del Estero (1,66), Gualeguaychú (1,61), Concepción del Uruguay (1,52), Paraná (1,46), San Miguel de Tucumán (1,24) y Berazategui (1,07). Cabe destacar que cuatro de los más «caros» en términos de ventas por IVA son de la provincia de Entre Ríos.
Ingresos Brutos y Tasas
Con respecto a los Ingresos Brutos; el informe indica que la presión fiscal recauda el 65 por ciento de los impuestos provinciales y para el promedio de todas las actividades en 2003 fue del 1,8 por ciento sobre las ventas netas de IVA.
En cuanto a los Municipios en general, se indica que presentaron en el 2003 una presión fiscal promedio sobre las ventas netas de IVA del 0,58 por ciento, mientras que en 2002 fue de 0,56.
Por su parte, al analizar la actividad productiva, se explica que si se considera la presión que en conjunto ejercen Ingresos Brutos y la Tasa de Seguridad e Higiene, se observa que el promedio de la actividad productiva se encontró gravada en 2003 con una presión del 2,4 por ciento.
Una de sus conclusiones es que la «carga tributaria provincial y municipal varía mucho; en una misma actividad puede llegar a pagarse el doble, según la ubicación, y también hay fuertes diferencias entre rubros». Es decir, el mismo comercio o la misma empresa pueden llegar a pagar el doble de impuestos provinciales y municipales, según en qué lugar de la Argentina se instalen.
Más allá de la geografía
El trabajo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, demuestra que Santiago del Estero es la provincia con mayor presión fiscal provincial y municipal del país, ya que alcanza al equivalente al 4,3 por ciento de las ventas, netas de IVA. En cambio, Chubut es la que menos carga aplica, con una presión equivalente al 1,3 por ciento. Y Entre Ríos es la tercera con mayor incidencia con el 3,1 por ciento.
Sin embargo, las diferencias no son sólo geográficas, sino también por actividades, dentro del mismo distrito. Los rubros bancario y asegurador son los gravados con mayor fuerza a nivel provincial y municipal.
La medición no considera otros tributos y tasas que aplican provincias y municipios, como pagos por habilitaciones o cargos por iniciar trámites.
La voraz presión fiscal provincial promedio por actividades se divide de esta forma: bancos, compañías de seguros y AFJP; 3,9 por ciento. Comercios, hoteles y restaurantes; 2,9 por ciento. Servicios públicos; 2,8 por ciento. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 2,7 por ciento. Enseñanza, salud y servicios sociales; 2,2 por ciento. Industria manufacturera y construcción; 0,9 por ciento. Y actividades primarias 0,6 por ciento.
Desde el plano municipal, los bancos siguen siendo los que soportan la mayor presión (1,3 por ciento), mientras que las actividades primarias tienen tasas del 0,2 por ciento. En el informe del Ieral se expresa: «Es lógico que las actividades primarias tengan gravámenes más bajos, pero es meritorio preguntarse si la distancia que las separa -por ejemplo, de los bancos-, es lógica».
Un dato particular es que las provincias que más exigen en materia tributaria no son necesariamente las que mayor gasto por habitante tienen. Por ejemplo, en 2002, Santiago del Estero gastó mil pesos por habitante. Pero de ese total, sólo el 20 por ciento correspondió a ingresos propios. Santa Cruz, en cambio, destinó más de cuatro mil pesos, que financió en un 50 por ciento con ingresos propios.
Al respecto, es necesario subrayar que las cifras -más allá de los porcentajes- hay que leerlas con otras calidades. Por ejemplo, no sería grave si una provincia tiene alícuotas elevadas, siempre y cuando su sistema de Salud o de Educación fuera excepcional.
Aunque los resultados son más que interesantes para las empresas, también lo son para los consumidores. De acuerdo con el Ieral, las compañías terminan trasladando el costo impositivo a los bienes y servicios que comercializan. Por eso, las alícuotas tendrían que figurar en los artículos para que el consumidor sepa qué porcentaje de lo que paga se lo queda la provincia.
