El presidente del IERAL, Ñadín Argañaraz, inicia su informe con un seguimiento del Impuesto a los Ingresos Brutos (IB) que cobran los tesoros provinciales. Allí se revela que dos provincias aumentaron la presión. En la Ciudad de Buenos Aires se modificó la base imponible y se aumentó la presión efectiva, mientras que en Tierra del Fuego hubo una suba temporaria de la tasa de IB.
Pero el corazón de la investigación es la radiografía de la política tributaria de los intendentes. Según un ranking de presión fiscal municipal, Concordia resulta primera con una tasa de Seguridad e Higiene de poco más de 1,6%, seguida muy de cerca por la capital de Santiago del Estero y Gualeguaychú. En cuarto lugar se ubica Concepción del Uruguay con 1,5%, Paraná (1,35%), San Miguel de Tucumán y Almirante Brown (1,1%), y luego levemente por debajo de un punto: Berazategui, Villa Carlos Paz y La Banda, en Santiago del Estero.
En el otro extemo, casi como un ejemplo de administrar más eficientemente los recursos coparticipables que les envían los tesoros provinciales para evitar mutilar los márgenes de ganancias de los privados, municipios como: Presidente Roque Saenz Peña, en Chaco, que aplica una tasa de Seguridad e Higiene de sólo 0,15%, al igual que en Goya (Corrientes). La capital de San Luis y Villa Mercedes aplican una tasa de 0,1%, en tanto que algo menores son las que pesan sobre los sectores productivos de San Rafael (Santa Fe), Ushuaia, San Martín, Río Grande, Maipú y Río Gallegos.
El informe del IERAL –vinculado al ex ministro de Economía de la Nación, Domingo Felipe Cavallo- advierte que un «74% de los municipios seleccionados utiliza a los ingresos brutos como base imponible, funcionando en consecuencia la TSH como un verdadero impuesto y generando los mismos efectos distorsivos que el Impuesto a los Ingresos Brutos».
La situación se agrava si se considera que un 18% de los municipios no establece ningún servicio como contraprestación al pago de la tasa. Se precisa que «si se realiza un análisis comparando la presión fiscal ejercida por los municipios con alguna variable proxi de la pobreza, como el NBI, se advierte un mayor nivel de presión en los municipios con mayor grado relativo de pobreza, vale decir, con un mayor porcentaje de la población con pobreza estructural.
En el ranking de los sectores más castigados, se destaca la intermediación financiera con una TSH de 1,6% en promedio, luego: hoteles, comercios y restaurantes (0,9%); actividades inmobiliarias, empresariales (0,7%); servicios públicos (0,7%); enseñanza, salud y otros servicios sociales (0,6%), industria y construcción (0,4%) y actividades primarias (0,3%).
