Presente en la seccional Concordia del Colegio de Abogados de Entre Ríos, durante la tarde del viernes último pasado, el presidente de la institución que representa a los letrados, Alejandro Canavesio, presidió la reunión de la Comisión Directiva.
“Desde hace varias gestiones que se vienen rotando estas reuniones en las distintas seccionales a lo ancho y largo de la provincia. Tratamos de visitar una vez al año todos los departamentos para buscar, justamente, el contacto y el acercamiento con todos los colegas de la provincia y la descentralización de Paraná”, explicó el presidente del CAER.
Canavesio fue consultado por DIARIOJUNIO sobre algunos temas que hacen a la agenda judicial en debate. Uno de ellos, la reforma del Código Procesal Penal en la provincia, cuestión por la cual el gobernador Gustavo Bordet recibió la semana pasada a integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que aseguraron ante el primer mandatario provincial que el sistema acusatorio, tal como está diseñado en la Ley 10.317, ha sido en la práctica y con el correr de los años de alguna manera desnaturalizado, existiendo una enorme brecha entre acusación y defensa. Una cuestión que ya fuera alertada por el ex presidente del STJ, Emilio Castrillón, lo que le derivó en su “jubilación express” ante la latente posibilidad de ser enjuiciado políticamente.
Sobre el particular, Canavesio expresó que “desde que tenemos el nuevo código de procedimiento, que es un sistema acusatorio implementado primero en la costa del Uruguay y luego en la del Paraná, a medida que se fue desarrollando y fue evolucionando la actividad penal se fueron encontrando falencias y cuestiones que se tenían que reever y dar -como se dice en la jerga- una vuelta de rosca al proceso en sí. La pandemia ha ocasionado una demora para tratar este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que se tratan de procesos netamente orales. Desde el 2018, el instituto del derecho procesal del Colegio de la Abogacía, al mismo código vigente lo fue modificando, retocando y se llevó ese mismo año al gobernador la propuesta. Fue durante todo este periodo a la actualidad que se llegó a la distancia que existe entre la fiscalía y la defensa. Nosotros tenemos un proyecto que -según explican los especialistas en derecho penal- que es mucho más expeditivo, dándole plazos para que la investigación no se alargue tanto en el tiempo, que las atribuciones que tiene la parte acusatoria y la defensa, tanto como el acercamiento que debe tener el defensor con la causa debe ser inmediata y no producirse la sorpresa al momento del juicio oral. Todo esto contribuye a llevar una mejor defensa y el debido proceso que tanto se ansía. El Colegio de la Abogacía, la Procuración, todos tienen para aportar y decir. El tema es buscar los consensos suficientes para que tengamos otra vez un buen código de procedimiento penal”.
Luego de que en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos quedara vacante el lugar dejado por el Vocal Emilio Castrillón, además de darse por seguro que en poco tiempo más se producirá otra vacante por jubilación, se reabre el debate sobre qué hará el gobernador: Si dejará solo 7 miembros en el STJER o si, en cambio, hará uso de su derecho a nombrar los lugares vacíos llevando a 9 su composición . En virtud de esta situación DIARIOJUNIO consultó a Canavesio cuál era la opinión que tenía la institución que preside a lo que contestó que “nuestra posición siempre ha sido, la mantenemos y la ratificamos, de abogar que el STJER deben estar dividido en 3 salas, con tres miembros cada una y con una composición de 9 miembros en total como es en la actualidad y que aquellos que asuman deben tener la especialidad, deben venir de la abogacía y, hoy por hoy, con paridad de género.
Al mencionarle los casos de Martín Carbonell, designado en el fuero Civil y Comercial pese a su formación versada en derecho penal, y de Gisela Schumacher quien, también sin respetar la especialidad, pasa del Fuero Contencioso–Administrativo al Civil y Comercial, el presidente del Colegio opinó que “la facultad la tiene siempre el gobernador con acuerdo del Senado, el derecho se puede estudiar y no cuestiono la capacidad o la idoneidad que pueda tener cada uno, pero sí en la vida profesional que uno va desarrollando tiene una formación dentro de una especialidad y sería importante que se mantenga cuando se reemplace a alguien en una sala. Lo ideal sería que sea por alguien que tenga la especialidad y que venga de la abogacía”.
En tanto, sobre el Jury a la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche y la denuncia que esta hizo hacia los abogados convocados para participar del mismo, el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos volvió a respaldar a Sonia Rondoni y Gastón Justet, tras la denuncia penal promovida por la procuradora adjunta, suspendida en su cargo y sometida a un proceso que ha agudizado las tensiones internas en el seno del Poder Judicial.
“Me abstengo de responder sobre el Jury en particular porque soy conjuez y en algún momento puedo tener que expresarme sobre alguna cuestión. Sí te puedo decir que cuando el Colegio salió a hablar fue para defender tanto al Consejero y la fiscal Ad Hoc que fueron denunciados penalmente. Nosotros creemos que todo surge dentro de un proceso constitucional, por órganos constitucionales, por el cual ese tipo de denuncia no debería prosperar”, sostuvo.
Por último, consultado por este medio sobre el hecho histórico en que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos se presenta como Amicus Curiae (Amigo del Juez) en la causa Ricardo José Luciano C/ Sr. Gobernador Gustavo Bordet -en su carácter de titular del poder ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos- s/Acción de Amparo (Acción de Ejecución de Incidencia Colectiva). Una acción iniciada por el abogado de Gualeguaychú a raíz del desastre ambiental que el gobierno provincial estaría avalando en la zona de Ibicuy desde donde se extrae arena silícea para emplear en el sistema de “fracking” en Vaca Muerta. Canavesio coincidió en decir que se está ante “un hecho histórico».
“Es la primera vez que se presenta el Colegio desde que salió la ley con la reforma de la Constitución Provincial. Abogamos siempre para participar y es la primera vez que nos invita un juez para intervenir. Vimos que era una temática que podía llevar adelante algunos de los institutos que tiene el Colegio, en este caso una cuestión que aborda la problemática del medioambiente. Nos presentaremos a aportar cuestiones técnicas jurídicas para darles elementos al juez para que pueda llegar a una buena sentencia”, aseguró.
