El FAP-GEN promueve la total derogación de la ley por razones jurídicas y por razones políticas: “porque contradice expresas normas de la Constitución Provincial, porque escapa al sistema normativo de contrataciones del Estado y no tiene como fin el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales y porque es social y económicamente excluyente y perjudicial para los intereses del pueblo y el Estado entrerrianos”.
Por lo tanto, solicitaron al Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, que en ejercicio de sus facultades y deberes que la función le impone, “dictamine sobre las fallas constitucionales del texto observado y realice las actuaciones tendientes a su declaración de inconstitucionalidad y de lesividad de los actos que de ella se deriven”.
En este orden, el FAP- GEN fijó posición política en relación a la aprobación de la Ley 10.092 mediante un documento político que señala que: “el oficialismo se esfuerza para que el relato de la realidad refiera a su gobierno como hacedor de la política nacional y popular. Sin embargo, el tema que aquí describimos no forma parte de ese relato pero sí de la realidad, que marcara la administración y desarrollo de nuestros recursos estratégicos los próximos 100 años”.
El rechazo del FAP es a “la política de transnacionalización de la soberanía de los recursos naturales que el gobierno de Urribarri lleva decididamente adelante con esta Ley, que permite esta brutal transferencia de riquezas de recursos no renovables y estratégicos a una Sociedad Anónima; y endeuda al pueblo en cincuenta millones de dólares, generando una economía de enclave, mediante la extranjerización, concentración y reprivatización de la estructura productiva”.
Para el FAP-Gen se trata de “una ley inconstitucional, que promueve la exclusión social y renuncia a la soberanía sobre islas y puertos entrerrianos hasta el año 2110”.
La ley en análisis autoriza al Poder Ejecutivo a crear por 99 años una sociedad anónima “Arroz del Delta Entrerriano S.A” a fin de concederle la explotación de tierras fiscales productivas (mensuradas en más de 200.000 has.) y la administración y explotación de los puertos provinciales.
Además se deroga el régimen de arrendamiento de islas fiscales por selección pública de ofertas, al derogar la Ley 9603, que establecía que las islas fiscales debían ser “arrendadas mediante procedimiento público de selección de ofertas” por el plazo de 3 años renovables una vez más por igual período, no subarrendables, con destino a actividades ganaderas, apícolas o turismo, en el que se prohibía expresamente la “explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas”.
El FAP-GEN sostiene que el Puerto de Ibicuy no debe privatizarse. “Es una herramienta del dominio público del Estado Provincial que éste debería utilizar para desarrollar el comercio y el transporte de los productos que los entrerrianos venden a la Nación y el Mundo. Actualmente la Provincia de Entre Ríos cuenta con 4 puertos activos, entre los cuales el de Ibicuy es el de mayor calado natural y ubicación estratégica ya que la Provincia se convierte en un canal obligado para la carga mesopotámica al contar con las profundidades marinas que permiten el ingreso de los grandes buques ultramarinos”.
Más adelante, se señala que la ley aprobada permite endeudar a la Provincia en u$s 50.000.000 para financiar la ejecución de obras necesarias para facilitar la explotación agrícola, transporte y actividad portuaria de la Sociedad Anónima. En tal sentido, se señala que el endeudamiento del Estado es aceptable cuando tiene como destino ayudar y apoyar a las capas más sensibles y afectadas de la producción y el trabajo genuinamente locales. “No así cuando se endeuda a todo el pueblo e inclusive se coloca en pago o como garantía de pago los fondos de la coparticipación que nutre escuelas y hospitales públicos para apoyar un gran emprendimiento en el que están excluidos los intereses de la inmensa mayoría de los entrerrianos”.
