La nota señala que éste debería ser el momento para “aventar las sospechas de la intrusión del poder político por sobre la justicia”. En cambio, se producen hechos que “profundizan la desconfianza y abonan el pronunciado desprestigio de las instituciones en la provincia”. La nota remarca la coyuntura en que se produce la designación, donde se conocieron una serie de fallos judiciales que “han dejado más dudas que certezas”.
Para los autores del comunicado, el gobierno encabezado por Jorge Busti intenta “agravar el delicado equilibrio entre los distintos poderes, sin pensar en absoluto en cuestiones de mejora del sistema judicial”. El único objetivo es instalar un nuevo “mojón político” dentro del máximo tribunal para poder direccionar los fallos según su conveniencia circunstancial.
Respecto del papel del Consejo de la Magistratura, la coalición planteó que el Gobierno de la Provincia ha hecho de la constitución de este organismo un «baluarte a ser mostrado, mientras que para cubrir el lugar de máxima responsabilidad en la Justicia soslaya su intervención y apela a los mecanismos que el mismo titular del Poder Ejecutivo ha cuestionado».
La Concertación señaló que ya ha denunciado estas situaciones, “pero la gravedad de este nuevo hecho exige que distintos sectores alcen su voz”. Exhortaron a la sociedad entrerriana para que no permanezca “impasible”.
La corriente que lidera Emilio Martínez Garbino lamentó la “ausencia total de un proyecto estratégico de provincia”. Ahora le sumó la negativa sistemática a impulsar “cuestiones que tiendan al fortalecimiento institucional”. La actual gestión tiene como único norte el mantenimiento de los distintos resortes de un “poder omnímodo, con la sola intención de mantener en sus garras un poder que garantice la permanencia de los privilegios”.
«Podrán ser los mejores o los peores antecedentes los que puedan mostrar los candidatos que hoy se presentan; para ello hay una instancia institucional prevista. La cuestión pasa por la decisión política de dar un paso atrás en lo que es el camino hacia una mayor transparencia institucional y hacer oídos sordos a lo que la sociedad reclama: la independencia de los poderes», finaliza el comunicado.
