Las actas labradas se deba a: problemas con las balanzas; con la exhibición de precios; con el precio que figura en góndola y lo que efectivamente se paga en caja; con el rotulado (denominación, origen y todo lo que figura en la etiqueta) y con el peso de los productos.
Esta labor, que tiene que ver con las tareas específicas de Defensa del Consumidor, seguirá en otras ciudades de la Provincia, pero el funcionario prefirió no anunciar los lugares para no alertar a los empresarios.
Una vez detectada la irregularidad, aseguró que el propietario del comercio, tal como la Constitución Nacional lo prevé, tiene derecho a hacer su descargo dentro del plazo que establece la ley; después se analiza y se imputa la infracción. Posteriormente, se dictamina interviniendo la asesoría legal del Organismo y estableciendo la posible infracción. Finalmente se resuelve y se dicta una resolución que establece el tipo de sanción a aplicar, que puede ser desde un apercibimiento hasta una multa económica.
Por otra parte, desde 2002 se encuentra aprobada en el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, la ordenanza que crea en el ámbito de la Municipalidad la Oficina de Defensa del Consumidor. Sin embargo, hasta la actualidad no se llevó a la práctica. La responsable de poner en práctica la iniciativa era María de los Ángeles “Cielo” Petit, ex-secretaria de Control de Gestión. Hay quienes especulan con la posibilidad de que este caso dé lugar a una acusación contra las autoridades salientes por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El proyecto fue presentado durante la gestión anterior y aprobado por el Legislativo comunal por unanimidad. Tampoco los concejales han reclamado por la ejecución de esta norma, sancionada en 2002.
En sus fundamentos, la ordenanza aprobada señalaba la existencia de “sobradas pruebas que muestran que el mercado no se regula solo”, ya que se han profundizado las desigualdades, creciendo la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. También expresaba que muchos consumidores, “no conocen sus derechos y no encuentran lugar donde evacuar consultas o presentar denuncias, además de ejercer un rol de educación y difusión de los derechos del consumidor, en la tendencia de fomentar una sociedad más justa”.
