El candidato subrayó que la ausencia de tareas portuarias se verifica en “un contexto de exportaciones récord y de superávit fiscal; records de los que el oficialismo se jacta”. Esto lo llevó a decir que “difícilmente el gobierno nacional y el provincial puedan afirmar sin sonrojarse que les interesa la operatoria del puerto uruguayense».
Siguiendo la misma línea, consideró que a pesar de los mayores recursos con que cuenta la provincia, “los caminos en general están igual o peor que antes”. Por lo que consideró que se debería poner en práctica un proceso de descentralización que permita que las juntas de gobierno puedan contar con recursos, con máquinas y con personal para atender directamente el mantenimiento de los caminos vecinales.
En relación con el puerto, manifestó su preocupación por las versiones que señalan el probable retiro de las cámaras de frío de la estación portuaria. De confirmarse, «se configuraría otro duro revés para los uruguayenses».
También se refirió a la inseguridad vial, y expresó que se deben: “articular políticas serias con permanencia en el tiempo, para poner coto a esta verdadera tragedia que enluta a tantas familias de nuestra sociedad».
El candidato a legislador uruguayense enfatizó que el problema está dado por la falta de una verdadera política de transporte que aborde problemas como el «abandono del ferrocarril, la excesiva preponderancia del transporte en camiones que congestiona nuestras rutas, y la escasa importancia asignada al transporte fluvial».
Consignó que en la provincia y en el país existe un esquema de transporte de cargas “exactamente inverso al que existe en los países desarrollados”. Predomina el transporte carretero, “y no se aprovechan como corresponde las ventajas del transporte ferroviario y fluvial, mucho más seguros, menos demandantes de combustibles fósiles, y menos contaminantes», graficó Artusi.
El candidato radical enfatizó que, en caso de un hipotético triunfo en las elecciones de marzo del candidato radical a la gobernación, Gustavo Cusinato, convocarán a los partidos con representación parlamentaria, entidades del campo, industria, colegios profesionales, universidades y sindicatos a debatir los lineamientos de un plan estratégico de transporte, que fije prioridades y establezca una política de Estado en la materia.
