Lascurain mencionó que a la llegada de los inspectores: “vemos que nadie se hace responsable y tenemos que recurrir a los registros de la municipalidad para ver quién es el dueño de ese galpón y siempre se hacen los desentendidos”.
En ese contexto el edil dijo observar como “muchas empresas del sector tercerizan el trabajo de la cosecha” y mencionó que con la actual legislación vigente: “entendimos que no se adecuaba a la realidad económica de estas empresas, que una multa no les era significativa, reincidiendo en la infracción con el trato indigno e inhumano a la gente que está trabajando”. En conjunto con el Ejecutivo se resolvió que era necesario aumentar el máximo de estas multas, pasando de 10 juristas a unos 1.000 juristas, cifra que roza los $120.000.
“Lo que buscamos hacer es comprometer a todos en esto y sancionar a toda la cadena de empresas que hagan este tipo de explotación”, remarcó Lascurain, ampliando que desde ahora quien tenga un inmueble y permita que haya hacinamiento “va a tener que responder con la multa correspondiente y, si no conoce del caso, va a tener que probar que no lo conoce con un contrato de locación debidamente sellado. Nosotros iremos a los registros de Catastro y el titular será el responsable. Ahí veremos quién es el responsable del inmueble y después Juzgado de Faltas será quien establecerá las responsabilidades”.
Sobre el final el edil consideró que toda norma es perfectible y lo que se busca desde el Concejo es mejorar la ordenanza, “pero lo que pasa es que los productores están tercerizando el trabajo en empresas que son irresponsables, pseudocooperativas, que lo que buscan es el lucro a costa de la dignidad humana y de la necesidad de los trabajadores golondrinas, quienes no tienen así la posibilidad de hacer valer sus derechos”.
