“No es la primera vez que al Concejo le va a tocar solucionar un complejo que tiene una complejidad jurídica que por ahí supera la propia (Ley Nº) 3001”, expresó Fonseca al programa “El informador” (FM Oíd Mortales).
“Tenemos la obligación de atar nuestros actos y nuestras decisiones a lo que dictamina la Justicia. Sabemos que por sobre la 3001 hay otro tipo de legislaciones que plantean distintas posiciones sobre el mismo tópico”. Hacia referencia al Pacto de San José de Costa Rica, que establece que “nadie claudica en ningún derecho hasta que no sea condenado con sentencia firme”, según sus propias palabras. Galli y Zubillaga están lejos todavía de una posible sentencia. “Apenas tienen el proceso abierto”, agregó.
En realidad, la constitución nacional establece en su artículo 31º que se encuentra por encima de las leyes provinciales, como la Nº 3001. Por ende, como en su artículo 18º asegura que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo”, un especialista en derecho consultado por los concejales justicialistas, explicó a DIARIOJUNIO que se trata de evitar que sean exonerados del cuerpo sin sentencia firme. “Los concejales pueden juntarse para votar a favor de la separación del cuerpo, pero la Justicia los devolvería al cargo al poco tiempo”, expresó.
Además, argumentó que el Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 8º, inc. 2º, que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Este pacto también tiene jerarquía superior a las leyes provinciales, según el art. 75º de la constitución nacional.
El abogado no sólo se basó en estos artículos, sino que citó ejemplos. Uno de ellos es el del intendente Juan Carlos Cresto, quien asumió al frente del municipio procesado en la causa por el cheque destinado al Tiro Federal por: peculado, violación de los deberes de funcionario público, uso de documento falso y malversación de fondos públicos. En marzo de 2004, fue sobreseído.
Otros antecedentes se registraron en el Concejo Deliberante, durante las gestiones 95-99 y la 99-03. En la primera, uno de los ediles radicales fue procesado por haber protagonizado un accidente de tránsito. En la siguiente, uno de los justicialistas también fue procesado por haber golpeado a un particular. No obstante, ambos siguieron en sus bancas. Aunque hay que aclarar que se trataban de delitos culposos (no hay intención de hacer daño) y no dolosos, como los que se le imputan a Galli y Zubillaga.
El tema aún no tiene fecha de tratamiento en el cuerpo. Se debe a una cuestión formal, debido a que las notas de ambos ediles poniendo a consideración de sus pares su situación fueron enviadas a la Presidencia –cuestión valorada positivamente por Fonseca- y no a la secretaría del Concejo. En realidad, las notas cursadas fueron presentadas luego de que la prensa informase sobre los hechos. “Entiendo que lo primero que debe hacer el Concejo es pedir un dictamen jurídico para ver cual es la situación jurídica de los señores concejales”, dijo el presidente del cuerpo.
