El expediente que se aprobó esta mañana había sido presentado hace tiempo pero no se había tratado a la espera de la reunión. «Ellos habían pedido que se corra la audiencia para el 19 (de octubre) pero tampoco se presentaron», indicó la edil.
«Lo que hicieron fue presentar un informe técnico del serviico de Internet. Hacen toda una cuestión técnica. Lo estuvimos evaluando con Informática de la municipalidad. Además expresan que se ha regularizado la oferta de canales», expresó Solís.
De hecho, la edil remarcó que en la nota se remarca que no tienen niingun tipo de complicacion respecto de Internet. «Alegan que si hubo en algun momento fue en el tema de los datos y se debió a un exceso del consumo por el tema de la pandemia el mismo argumento que dieron en la única reunión que se presentaron con nosotros», dijo Solís.
Pero los usuarios no han visto reflejada la situación que se describe en ambos informes. «Seguimos teniendo quejas por parte de los usuarios respecto de la grilla de canales», dijo.
A su vez, Solís señaló que no se condice el resarcimiento económico que la empresa otorga a los usuarios con los perjuicios ocasionados. «El servicio premium lo están cobrando $ 1.300 mas la calidad HD cobran $ 150 y el resarcimiento que le ofrecen a los usuarios es de $ 190 como máximo», indicó.
Y a ello añaden que si el totular de la factura se atrasa solo un par de días en pagar tras el primer vencimiento, debe abonar $ 150 de interés. Eso significa que el resarcimiento íntegro prácticamente se pierde si el usuario se olvida o no puede pagar la factura por x motivo por un par de días.
Por último, la edil dijo que el expediente ya está en manos de Defensa del Consumidor de la provincia. Además, dijo que la intervención del Enacom que fue anunciada días pasados depende la Direccion del Consumidor de la Provincia. «El municipio no está facultado para eso», dijo Solís. Además recalcó que de un dialogo con el responsable de Defensa del Consumidor de la Provincia surgió la intención desde esa repartición de trabajar en un procueto de ley para facultar a los municipios para que puedan iniciar acciones legales en forma autónoma.
