En el decreto N° 1315/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, el entonces intendente Enrique Cresto había resuelto rescindir el contrato de concesión firmado con la empresa Puerto Príncipe en el marco de la licitación pública N° 44/2015 (por la que se le cedió la explotación de los dos galpones del Puerto de Concordia), alegando de las obligaciones asumidas en la cláusula cuarta del contrato. En ese sentido, cabe recordar que no se desarrolló en el Galpón 1 lo que estaba pactado: gastronomía, guardería náutica y espectáculos. Además había pagos pendientes del canon pactado.
Pero la empresa promovió un incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo ante la Cámara Contencioso Administrativa N°2 con asiento en Concepción del Uruguay, alegando que dicho decreto sería nulo. Y el 12 de diciembre del año pasado, el Tribunal se expidió haciendo lugar al pedido de la empresa.
Esta mañana, la concejal Laner recordó que es imposible hablar del tema sin remitirse a fines de 2015 cuando el entonces intendente Gustavo Bordet entregó los galpones del puerto a la empresa que tenía como protagonista al empresario Miguel Marizza. “No hace falta y que diga quien es Miguel Marizza acá en este Concejo ¿no?”, se preguntó.
En 2016, en el Concejo volvieron a tratar el tema y la oposición en ese momento dejó en claro las irregularidades que se veían. “También lo dejó en evidencia el Emcontur (Ente Mixto Concordiense de Turismo) que había denunciado irregularidades: fundamentalmente irregularidades de obras y de pagos del canon”, recordó.
Dos años más tarde, “el intendente Cresto dio un paso fundamental: el paso que le veníamos exigiendo y que la oposición lo iba a acompañar: sacar los galpones de manos de la empresa invocando el estado de abandono en que se encontraban y el incumplimiento que veníamos denunciando de años anteriores”, dijo.
“Hoy nuevamente estamos tratando el tema y le seguimos dejando un patrimonio muy importante como son los galpones de puerto al señor Miguel Marizza que la verdad que no se si sigue siendo parte de la empresa. Nosotros decíamos que el mismo modus operandi que se tuvo en los galpones había antecedentes que habían sucedido en Paraná. Estamos hablando de cuando la municipalidad de Paraná decidió convertir la vieja planta potabilizadora de agua en la Toma Vieja en un boliche bailable. Poco tiempo después la dejó abandonado y se fue”, dijo. Lo mismo hizo en Puerto Nuevo de Paraná y en otro establecimiento similar llamado Ortiz.
“Hoy seguimos tratando nuevamente este tema y seguimos dejando en manos de esta persona un patrimonio muy importante para la ciudad. Estamos entrampados desde 2015 en este tema y lo veníamos advirtiendo. Hoy estamos tratando el tema y eso quiere decir que el Ejecutivo no sabe qué hacer con los galpones”, dijo Laner.
Por su parte, Etchepare dijo que el bloque del oficialismo es favorable a aceptar el acuerdo. “Estamos en condiciones de poder aprobar ese acuerdo. En este momento, nosotros que somos los que tenemos que tomar decisiones del presente. Es favorable que aceptemos este acuerdo. Sobretodo por los beneficios”, dijo.
En tanto, el concejal Juan Domingo Gallo (Frente de Todos) señaló que Puerto Príncipe obtuvo la concesión de los galpones por medio de una licitación pública. “Es uno de los procesos más transparentes. De hecho, no tuvo ningún tipo de objeción. Y fue aprobado por la ordenanza Nª 35492 por este mismo cuerpo”, indicó. De esa forma, le respondió a Laner señalando que no fue un “acto unilateral”.
De la misma forma, recordó que el Ejecutivo decidió rescindir el contrato otorgado a 15 años. Pero la empresa acudió a la Justicia. Y en Tribunales hicieron lugar al pedido de la empresa. “Lo que estamos haciendo hoy es recuperar un galpón que estaba en manos de Puerto Príncipe”, dijo. Al mismo tiempo, dejan en manos de la firma el otro galpón. Al mismo tiempo, pidió saber cuál es la propuesta de la oposición. “¿Rescindir un contrato de una licitación publica y embarcar al Ejecutivo en un proceso judicial?”, dijo. “¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la irregularidad?”, se preguntó Gallo.
A su turno, Laner admitió que se hizo por intermedio de licitación pública. No obstante, recordó que se apuntaba a la concreción de un complejo gastronómico y una guardería náutica. “Y se terminó construyendo un boliche bailable”, dijo. “Lo invito al concejal Gallo a leer juntos el expediente completo. Repito: las diferentes áreas de este municipio advertían las irregularidades muy concretas de esta empresa”, añadió.
La votación fue dividida: seis concejales del Frete de Todos levantaron la mano: Pablo Bovino, Claudia Villalba, Gallo, Etchepare, Alicia Maldonado y Cristina Guitar (Nueva Concordia-PJ). Mientras que Elizabeth Redolfi, Luciano Dell´Ollio, Felipe Sastre y Magdalena Reta, además de Laner, se opusieron al acuerdo.
