El juez Humberto Franchi dispuso la suspensión del juicio a prueba para el empresario Gustavo Adolfo Vásquez, dueño de una empresa que explota juegos de azar en la provincia, en la causa donde estaba imputado por haber comprado un automóvil de alta gama para el ex gobernador Sergio Urribarri y su esposa Analía Aguilera.
En una audiencia celebrada este jueves, el magistrado también decretó el sobreseimiento de Jorge Aníbal Pérez, socio de la empresa, por considerar que no participó de la maniobra.
Kaskira SA, la empresa que le prestó un Audi a Urribarri, explota máquinas tragamonedas y ruletas electrónicas en la provincia, e integra la sociedad que tiene la concesión del Hotel Mayorazgo, junto con Newtronic SA, a través de Neogame SA. Tiene domicilio en la calle Uruguay 775, cuarto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Kaskira también tenía el control integral del tránsito dentro del ejido municipal de Concordia. Vásquez y Pérez figuraban como director titular y suplente, respectivamente, y éste último es además titular de la firma Productores Independientes Asociados (PIA) SA, que explota Canal 9 Litoral, y accionista de Neogame.
Ambos estaban acusados por el ofrecimiento de dádivas al ex gobernador, que prevé penas de un mes a un año de prisión, es decir, no efectiva.
El 11 de mayo de 2015, Kaskira adquirió el Audi A1 Sportback 1.4 TFSi S-Tronic Ambition, chapa patente OVS 226, en 420.000 pesos; y diez días después emitió tarjetas azules autorizando a que lo conduzcan Urribarri, Aguilera y un chofer de taxis y remises que trabajaría para de la firma. No menos curioso es que el automóvil haya sido vendido a una mujer allegada a Vásquez el 21 de septiembre de 2016, apenas dos semanas después de que la Revista Análisis ventilara que el Audi había estado a disposición del ex gobernador entrerriano.
Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo determinaron que fue Vásquez quien compró el vehículo, efectuó el pago y gestionó las cédulas azules; pero no pudieron vincular a Pérez en la maniobra: “No intervino en ninguna de las fases, ni en la adquisición del vehículo ni en la expedición de la cédula azul”, dijo su defensor, Miguel Ángel Cullen.
Vásquez solicitó la suspensión del juicio a prueba por un año. En ese período deberá organizar dos eventos con fines recaudatorios a beneficio de la Fundación Crisálida, que se dedica a brindar asistencia y acompañamiento a niños con enfermedades oncológicas. El empresario también acordó pagar 420.000 pesos a la fundación, en concepto de resarcimiento, en dos cuotas iguales y consecutivas, una en los próximos diez días y la otra en los siguientes treinta días. El monto es equivalente con lo que dos años atrás se pagó por el vehículo de alta gama. “Esta probation no implica reconocimiento ni confesión”, aclaró el abogado Guillermo Vartorelli.
El planteo no tuvo objeciones de parte de los fiscales y fue homologado en la misma audiencia por el juez Franchi, que derivó las actuaciones a la Oficina de Medios Alternativos, que debe controlar su cumplimiento.
Respecto de Urribarri, no ha sido citado a prestar declaración de imputado en esta causa, pero tampoco está desvinculado. Cuando el hecho tomó estado público, el ex mandatario admitió que le ofrecieron el vehículo, aunque negó haberlo utilizado: “En su momento, cuando a mi señora se le detectó un problema de salud, una persona se ofreció y puso a disposición un auto que nunca mi señora usó”, dijo en una entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral).
En la audiencia, el fiscal Brugo aclaró que todavía hay pruebas pendientes. Por caso, una cámara de seguridad registró una foto-multa para la chapa patente OVS 226 por evadir el pago de un peaje en la Autopista Illia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14.50 del 9 de julio de 2015. Lo que pretenden los investigadores es determinar quién o quiénes eran sus ocupantes y esperan que expertos informáticos puedan mejorar la calidad de las imágenes para establecerlo.
