Los presentantes sospechan que detrás de la demora en licitar los contratos vencidos, podría existir una maniobra tendiente a beneficiar ilegítimamente a las Empresas concesionarias provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto.
Fue el propio Gobierno Nacional el que en el año 2016 por Decreto 1288 dispuso que se licitaran varios corredores viales. No obstante ello, esta decisión sospechosamente no se cumplió.
Otros puntos considerados en la denuncia, están relacionados con la situación especial del Corredor Vial N° 18 (Rutas Nacionales 12 y 14), prorrogado hasta el año 2023, y la creación de la Empresa Corredores Viales S. A.
Cabe destacar, que dicha Procuraduría depende del Ministerio Público Fiscal, siendo un organismo especializado en velar por la legalidad de la actividad de la administración pública nacional.
