El pasado 9 de mayo, la Cámara Federal porteña dictó un fallo que puede producir un antes y un después en la penalización de la tenencia de droga para consumo personal al sobreseer a un hombre que fuera detenido en la calle con una escasa cantidad de marihuana en uno de los bolsillos de su campera.
Los jueces de la Sala II del tribunal interpretaron en su sentencia que la tenencia para consumo no es delito en sí misma sino que sólo debe penarse los casos en que, por el contexto en que se produce, afecte a la salud pública.
La misma cámara también advirtió sobre «la manifiesta inutilidad de la penalización de los consumidores de las drogas ilegales» y de la obligación judicial de someter a los adictos a distintos tratamientos.
El reciente fallo de la Cámara Federal remite a los famosos casos Bazterrica y Montalvo, representativos de las dos corrientes de opinión más importantes: la liberal y la paternalista, respectivamente. El fallo de la Corte en el caso Bazterrica (1986) decidió la inconstitucionalidad de la ley sosteniendo que el consumo de estupefacientes no perjudica derechos de terceros y que, por ello, no se encuentra dentro del ámbito de lo punible por parte del Estado. El argumento se basaba en el artículo 19 de la Constitución donde se establece que los actos privados no le incumben a la Justicia mientras tanto no perjudiquen a terceros ni afecten el orden público. El fallo también decía que la ley restringía el derecho a la autodeterminación de la personalidad.
En 1990, la corte (menemista) cambió su postura con el caso Montalvo. Argumentó que quien consume ofrece su ejemplo a los que no, induciéndolos al consumo.
Cabe aclarar que la Ley 23,737, Ley Penal de Estupefacientes, incorporó luego métodos novedosos con el fin de que, sin despenalizar la tenencia de drogas, el Estado no resigne su función primaria de ayudar al adicto. Por esta vía, frente a la posible pena que corresponde por tenencia de drogas para uso personal, brinda una alternativa educativa o curativa, según el caso lo requiera.
Concordia y alrededores hace tiempo han dejado de ser un lugar de paso de la droga para convertirse un centro de consumo nato y en crecimiento. “La droga más consumida es la marihuana. Después se detecta un importante consumo de cocaína y psicofármacos. Los consumidores mayormente detenidos pertenecen a la clase media”. Estas afirmaciones fueron vertidas por el Segundo Jefe de la Policía Federal, subdelegación Concordia, Mendoza, en una entrevista para este medio.
Mendoza dice también que “…no tenemos grandes precisiones de cómo entra la droga a la ciudad, si así fuera evitaríamos su ingreso y su consumo masivo. Pero tenemos indicios de la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas escondidas en campos, lo que las hace muy difícil de localizar. No se descartan otros ingresos, el ingenio delictivo suele estar un pasito adelante. Tampoco hemos detectado grandes traficantes, por lo general, son todos vendedores al menudeo. No encontramos cantidades exuberantes como para decir que estamos en la pista de un gran narcotraficante o una red de distribución importante. Aunque eso es motivo de investigación permanente y no lo sabemos a ciencia cierta”.
Para el principal Mendoza, “la vinculación de la droga con el poder político y económico en Concordia y la zona es una hipótesis que no se puede descartar, pero hasta ahora, y desde que me desempeño en esta subdelegación, no he tenido indicios al respecto.”
Las palabras de Mendoza y los hechos últimos que se dieron a conocer a la población a través de los medios de comunicación (Un joven que fumaba marihuana en una plaza minutos antes de ingresar al colegio. Un peatón que fue sorprendido con un porro en su bolsillo mientras caminaba por el centro. Una mujer detenida cuando descendía, junto con su hija de dos años, de un ómnibus, en Ruta Nacional 14, proveniente del norte del país, portando en el interior de su mochila dos paquetes con una cantidad de marihuana suficientes como para producir 1.500 porros ) parecen confirmar lo que muchos opinan de la ley de estupefacientes: Si bien el sistema dice que uno de los objetivos de detener al consumidor, último eslabón de la cadena del tráfico, es que así se llega al traficante, por lo visto, a tribunales suele llegar el vendedor minorista y el consumidor. Los grandes proveedores rara vez aparecen.
Al parecer, la persecución resultaría más eficiente en los consumidores y en los vendedores de droga al menudeo mientras que el largo brazo de la ley no llega con la misma contundencia hasta los que están en la cúspide de la droga como lo son los grandes distribuidores, los lavadores de activos, bancos, empresas financieras o comerciales.
¿Persecución o prevención?
Consultado sobre los beneficios de la penalización, en lo que respecta a la función de la Policía Federal, Mendoza explica: “La penalización no es una cosa que nos pueda servir o no en nuestra función. Pero la figura del arrepentido o la identidad reservada le ha ayudado mucho a la policía a avanzar un poco más en las investigaciones. Tampoco se puede decir que al consumidor se lo castiga. Lo primero que se hace es ponerlo a disposición del juzgado federal. Este dicta las medidas para poder procesarlo. Esa causa sigue y acorde a la importancia de la misma puede terminar en instrucción o ir a juicio oral. Se lo castiga entre comillas con una prevención sumarial, pero después el juzgado también puede hacer que esta persona se rehabilite en algún centro estatal con un costo muy por debajo en relación a que si esa rehabilitación se buscara por medios privados.”
Ocurre entonces que se suele condenar a los consumidores a penas mínimas, como un mes de prisión de ejecución condicional, rehabilitación o trabajos comunitarios porque la ley obliga a los jueces a aplicar el derecho.
Pero no deja de ser cierto que la criminalización estigmatiza al consumidor de drogas, lo señala, le deja antecedentes penales y no limita el narcotráfico.
Tanto adictos como consumidores experimentales pasan por una experiencia angustiante al llegar a tribunales. Los detienen, están en trato con gente presa y se los transforma en “sujetos socialmente peligrosos” para la jerga de las fuerzas de seguridad y para la moralina de los desinformados. Si tienen trabajo corren el riesgo de perderlo y, si no lo tienen, de no encontrarlo.
“Yo pondría en la balanza esto –apunta Mendoza-: ¿Cual es el mayor daño que puede tener una persona que consume? El despliegue policial para arrestarla o lo que está consumiendo. Yo creo que a nivel humano lo más perjudicial es lo que está consumiendo, porque esa persona entra en un camino que no tiene salida. Acá no hay una persecución de los consumidores, como muchas veces se quiere hacer ver, sino un trabajo de prevención. La prevención es una función nuestra. Obviamente que si hay que reprimir un delito se lo hace, pero la prevención ante todo. Lo que se hace en estos casos es prevenir al consumidor por medios profesionales si el juzgado así lo interpreta. Tratar de rescatar a esa persona. Se tiene en cuenta si la persona no tiene antecedentes, si la cantidad de sustancia que le fue encontrada es importante o no. Hoy día están las tareas comunitarias para aquellas personas que son encontradas con pequeñas cantidades de drogas porque no hay que creer que todas son enviadas a la cárcel, eso sería irracional. Las tareas comunitarias son una forma de tenerla ocupada y de devolverle a la sociedad parte de los gastos administrativos que el proceso genera.”
Para los consumidores de estupefacientes denominados “sociales” la idea de un tratamiento de rehabilitación obligatorio es como confesarse sin sentir culpa.
“Me gusta fumarme un porro cada tanto. ¿Qué tiene de malo? Lo hago en mi casa o en la casa de un amigo que comparta el gusto. Me gusta fumar y charlar o mirar televisión o escuchar música o salir a caminar. Cuando tengo que ponerme las pilas no fumo y listo. Te pudre estar persiguiéndote de todo y de todos por hacer una historia que no jode a nadie. Para conseguir ‘faso’ tengo que tratar con gente que a veces anda en otras cosas, que tiene armas. Tengo que cuidarme de la ‘cana’ porque si me agarra se me arma un conflicto en el trabajo o con los familiares porque tienen sus prejuicios y si te fumas un porro piensan que ya sos un drogadicto. También está lo social, eso de ‘qué van a decir los vecinos’ y toda esa mierda tan típica de esta ciudad”. Contó a Debate y Opinión un consumidor de marihuana que se considera moderado.
Hasta aquí la primera de las antinomias: Garantías para las conductas privadas que no perjudican a terceros o un Estado paternalista protegiendo al individuo de sus propias acciones, restringiendo sus libertades individuales, su autodeterminación y su personalidad en pos de un valor moral.
Algunos de los argumentos para uno y otro lado
Los argumentos más comunes y repetidos de parte de los que están en contra de la penalización para los consumidores de estupefacientes se refieren a los hechos de que, a pesar de la penalización de la tenencia para consumo personal, no hay menos drogas en la sociedad, sino más. No hay menos crimen, sino más. No hay menos locura, sino más. El costo del gobierno no es menor, sino sumamente mayor. El respeto por la ley no ha aumentado, más bien ha disminuido.
Muchos sostienen también que la demonización del consumo de estupefacientes sirve al Establishment para explicar la crisis y la violencia social y para legitimar nuevas formas de control social autoritarias, “olvidando” así mencionar la dura crisis económica, el desempleo y la multiplicación de la pobreza a causa de un orden social y económico injusto.
Como ocurre con el alcoholismo –sostienen las voces despenalizadoras-, el abuso de droga debería ser considerado como un problema de salud pública, no como un problema a ser resuelto por el sistema de justicia criminal.
Para los que están a favor de la penalización, autorizar la tenencia para el consumo es hacer partícipe a un sector importante de la sociedad de un ilícito –el tráfico- y autorizar el financiamiento de una de las organizaciones mafiosas más poderosas de la Tierra. Apelan a la obligación moral del Estado y sus instituciones de cuidar la vida no sólo de toda la sociedad, sino, y específicamente, la de cada uno de los que la integran; debido que sin cada uno no hay sociedad posible.
Este sector sostiene que la Ley de Estupefacientes bajo ningún concepto penaliza el consumo, sino la posesión de drogas. El fin primordial de estas normas es proteger a las personas y a la comunidad frente al cultivo, elaboración, fabricación, tráfico, distribución, venta y posesión de sustancias peligrosas.
También sostienen que el carácter ilícito de la tenencia de estas sustancias actúa como un límite en el consumo evitando la masificación del mismo.
Muchas preguntas, pocas certezas
Sin embargo no aparenta haber una proporción entre el potencial daño que pueden ocasionar los consumidores a la sociedad y las sanciones penales para con ellos. Es más, habría que preguntarse si la pena encuentra un justificativo en problemas que son propios, aparentemente del campo de la salud. De ahí la vieja pregunta: ¿El adicto es un delincuente o un enfermo? Todo indicaría que se trataría de un enfermo. ¿Y si no es un enfermo? ¿A quien perjudica? ¿No se encuentra dentro de las esferas de libertad que ampara el derecho a la intimidad previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional?
Podríamos agregar una veintena de preguntas más, por ejemplo:
¿Por qué algunas drogas altamente adictivas son ilegales y otras no? ¿Por qué, a pesar de los millones de pesos que se inviertan en campañas antidrogas, la mayor parte de la sociedad no termina por tener ideas precisas respecto al tema? ¿Por qué en algunos países el consumo de algunas drogas es legal y en otros son perseguidas ferozmente? ¿Por qué algunas drogas fueron legales por muchos años (caso del opio, la marihuana o la cocaína) y de repente no y otras que fueron prohibidas volvieron a la legalidad (alcohol)? ¿Cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta? ¿Se trató de defender la salud de la población? ¿Porqué se permite el consumo, la venta y la promoción de muchos activos de medicamentos que son tan o más adictivos y nocivos que las drogas prohibidas? ¿Por qué se permite que los laboratorios ganen miles de millones con la producción de drogas que también provocan adicciones?
¿Cuáles son las drogas que producen adicciones? ¿Lo hacen todas en determinada cantidad o sólo algunas? Por más que se consuman en cantidades mínimas, ¿producen daños a la salud? Aunque no se exceda en su consumo, ¿son tan perjudiciales que pueden llevar a la muerte? ¿Por qué, a pesar de la guerra declarada por el ex presidente norteamericano Ronald Reegan en 1982, las drogas conforman, junto con la venta de armas y el petróleo, el tridente de los negocios más importantes del capitalismo (900 mil millones de dólares según las cifras estimadas en el 2005)? ¿Son los consumidores, los pequeños traficantes, los cultivadores de coca o marihuana los grandes beneficiados por este negocio multimillonario? ¿Son los bancos off shore, las cuentas secretas en Suiza? Para el poder mundial, ¿no es el narcotráfico una buena excusa, como también lo es el terrorismo, para la dominación e intervención en otros países? ¿No es funcional esta guerra contra las drogas al negocio de las armas? ¿No aparenta ser la persecución de los sectores más débiles de la cadena –los consumidores- una excusa para justificar un presupuesto millonario para llevar adelante una guerra que no pereciera conveniente ganar? ¿Eran todas mentiras las denuncias acerca de que los carteles del narcotráfico han financiado fundaciones y fórmulas políticas en varios países de Latinoamérica? ¿Por qué sigue creciendo el negocio del narcotráfico?
Podríamos seguir preguntando, pero los interrogantes se multiplicarían y seguiríamos encontrando más dudas que certezas. Sería bueno que de aquí en más las preguntas se las haga usted. El debate está propuesto
