"No queremos que haya pánico. Nadie está hablando de montar una cacería ni de salir con ómnibus llenos de inmigrantes a deportarlos. Sólo pretendemos hacer cumplir la ley", dijeron voceros de esa cartera en rueda con corresponsales extranjeros. La idea de "no sembrar pánico" fue, sin embargo, más un deseo que una realidad. El miedo ya está instalado en este país entre los millones de inmigrantes que lo habitan desde hace años, que ven que ahora se les cierran las puertas para regularizarse.
El anuncio no implica cambio de legislación alguno, pero sí incorpora modificaciones de fondo en la forma en que esa legislación se regula y se aplica. El resultado redunda en una enorme ampliación del universo de personas susceptibles de una deportación por vía rápida. "Es verdad que el número se amplía. Pero tampoco es que tengamos tantos recursos como para hacer de esto un gran cambio", intentaron matizar los mismos funcionarios.
En rigor, las cuentas corren por parte de entidades de derechos civiles. Así, la estimación es que sobre un escenario de 11 millones de personas con residencia irregular las deportaciones podrían llegar a los tres millones. Las disposiciones presidenciales son dos. Por la primera de ellas se declara que toda persona que viole la normativa migratoria es susceptible de ser detenida y, eventualmente, deportada. Eso es un cambio sustancial respecto de la aplicación que de esa misma normativa se hacía durante la gestión del ex presidente Barack Obama.
En los últimos ocho años, la prioridad en materia de deportación de inmigrantes irregulares apuntó a personas indocumentadas que hubieran cometido delitos graves. Pero no colocaba en la misma línea prioritaria a quienes incurrieran en infracciones menores. Ése es el principal cambio ahora. Cualquier motivo es bueno para determinar el estatus migratorio de una persona, y si se comprueba que está en situación irregular se la detiene y se pone en marcha un mecanismo de potencial expulsión.
Eso incluye dejar sin efecto otro filtro de la anterior gestión, que sólo lo habilitaba si la persona había pasado menos de 14 días en el país -algo a veces imposible de probar por su situación irregular- o si se encontraba a menos de 160 kilómetros de la frontera. Ahora, da igual dónde se encuentre y lleva a dos años el plazo para correr el riesgo de expulsión sumaria.
El filtro, sin embargo, puede ser de recursos. La norma impone que antes de ser expatriada la persona indocumentada vea un juez. Es posible que, de ahora en adelante, los tribunales no den abasto y que, por la vía operativa, se produzca un cuello de botella difícil de salvar.
En forma paralela a ese profundo cambio, la otra disposición presidencial apunta a la contratación de 15.000 agentes fronterizos más, justamente para cumplir con esta nueva normativa y el mayor trabajo que traerá a la policía migratoria."Todos los que hayan violado la ley, en el nivel que sea, son potenciales blancos de detención y de expulsión", indicó la cartera que lidera Kelly al presentar la nueva normativa.
