Este fin de semana, se conoció que la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre los bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses, denuncias por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina de las islas Malvinas.
La magistrada también ordenó el cese inmediato de la explotación en territorio argentino, lo cual se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los "graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas".
"Esta decisión de la jueza se tiene que materializar a través de mecanismos de cooperación internacionales para que sea notificada a los organismos públicos donde se encuentran radicadas estas empresas y buques", explicó hoy Gonella.
"Tenemos la decisión de una jueza de la Nación. Ahora hay que ver qué responde la defensa de las empresas, ya que aún no hemos tenido respuesta de sus autoridades", afirmó el fiscal, quien destacó la "repercusión internacional" que tuvo la medida adoptada por la magistrada argentina.
Gonella explicó que estas empresas operan ilegalmente desde 2010, pero recién a fines de 2013, con la sanción de la ley reformada de hidrocarburos, el Estado tuvo los elementos jurídicos necesarios para presentar la acusación.
La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia -que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
