“Estamos convencidos de que ésta no era la solución, sino que incluso puede ser perjudicial”, afirmó Massot en declaraciones a radio Belgrano, en las que afirmó que el gobierno nacional “no tiene miedo” a probables acciones de los sindicatos tras el veto presidencial, que podría ocurrir entre “hoy o mañana”.
Por su parte, el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli también ratificó que el presidente Mauricio Macri vetará la ley de emergencia ocupacional, al considerar que la norma "no va a acarrear ningún beneficio para los trabajadores". El legislador estimó que Mauricio Macri oficializaría la decisión de revocar la ley este viernes y que el veto "sería total".
"Se mantiene la decisión del Presidente de vetarlo, porque consideramos que es un proyecto que no tiene un fin útil, que no va a acarrear ningún beneficio para los trabajadores, y por lo tanto resulta innecesario. Por esas razones, el Presidente lo va a vetar", señaló Tonelli. En declaraciones a radio Continental, admitió que el oficialismo facilitó que la oposición votara el proyecto que ya tenía media sanción de Senadores, porque "no tenía sentido prolongar el debate innecesariamente, era más práctico y más saludable terminarlo".
El también diputado macrista Luciano Laspina pidió por su parte "no alarmarse ni escandalizarse, ni decir que es un hecho autoritario" el veto presidencial porque "es un hecho absolutamente constitucional".
Laspina, que se abstuvo a votar la ley como todo el bloque de Cambiemos, dijo que "en las próximas semanas" el Congreso va a "tener un gran debate sobre fomento de empleo y alivio tributario", pero remarcó que no querían "embarrar esta discusión en el marco de una ley antidespidos". "Nos pareció lo más conveniente corrernos de la votación y que la oposición dirimiera entre ellos los distintos dictámenes y no hizo falta porque votaron lo que vino del Senado", amplió en diálogo con radio Vorterix.
Tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto de emergencia ocupacional, que prevé la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización, en una votación que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques opositores y la abstención del oficialismo.
