El Partido Justicialista de la Cámara de Diputados impuso su mayoría para aprobar el proyecto de Régimen Jurídico Básico, la institución de la convención colectiva del trabajo y paritaria docente y la reforma del sistema electoral en la provincia a partir de la implementación de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos. Tanto el Nuevo Espacio como el radicalismo y La Red no acompañaron ninguna de las iniciativas y profirieron fuertes críticas contra las iniciativas aprobadas por el justicialismo.
La reforma política en la provincia, podría resultar, a futuro, uno de los más urticantes. Incluye la realización de internas abiertas, simultaneas y obligatorias para la elección de candidatos de todos los partidos políticos. Para Montaldo y Lucy Grimalt (La Red-Paraná), no se trata de una “verdadera reforma política” ; esto, dijeron “no hace más que consolidar las viejas estructuras políticas que deben hacerse una profunda autocrítica”.
Castrillón explicó que con este proyecto “Entre Ríos entraría en consonancia con la legislación que tienen las provincias de la Región Centro, y particularmente con la provincia de Santa Fe”, para luego agregar que la ley “establece la forma y los plazos en que los partidos políticos deben elegir sus candidatos para cargos electivos y la adecuación de las cartas orgánicas a esta ley. Además, con esta ley se busca que todos los partidos elijan a sus candidatos en un solo acto y los que tengan una sola lista la oficialicen. De manera que el candidato sepa que si lo eligen por un partido será candidato y si no, no podrá ser electo por ningún partido”.
Sin embargo, Grimalt aseguró estar “más que alarmada” porque el espíritu de la ley “continúa siendo confuso”. Además, afirmó que la ley “expresa un concepto que restringe la construcción de nuevos partidos políticos en la provincia, lo que va en contra del espíritu democrático y republicano que debemos sostener a rajatabla y que es el hecho de que cada vez haya más personas que se sumen a la participación política para poder incidir y transformar la situación que vive nuestro pueblo. Esto no hace más que consolidar las viejas estructuras políticas que deben hacerse una profunda autocrítica”, para finalmente reiterar el reclamo para “incorporar el cupo femenino a nuestro sistema electoral”.
En tanto, fue el diputado provincial José Allende (PJ-Nogoyá) quien expuso los argumentos del proyecto de Régimen Jurídico Básico, con un discurso con un alto contenido crítico contra el anterior gobierno de Sergio Montiel, pero que también alcanzó a las bancadas de la oposición.
Como respuesta, la diputada Beatriz Montaldo (Nuevo Espacio-Paraná) cuestionó el hecho de que los gremios docentes quedaran excluidos del proyecto, algo que calificó de “inaceptable”; y cuestionó el momento y la forma en que se realizó el debate, sin una tarea de labor parlamentaria previa. En medio de abucheos y críticas desde las gradas, la legisladora dijo que “es inaceptable que esta ley se vote de esta manera porque esto va a favorecer a la inequidad, ya que se trata de una ley hecha a espaldas de los trabajadores porque no tuvo en cuenta los reclamos de los docentes”.
Según analisisdigital con un sorprendente tono mesurado, el diputado Fabián Rogel (UCR-Paraná) solamente dijo: “Saludamos y celebramos que los empleados públicos tengan un estatuto”, aunque no acompañó el proyecto de la mayoría sino el de la minoría.
Finalmente, con el sólo voto de los diputados justicialistas, quedó aprobado el proyecto que consta de 96 artículos de fondo y uno de forma.
Inmediatamente, se pasó al tratamiento de institución de la convención colectiva del trabajo y paritaria docente. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan José Bahillo (PJ-Gualeguaychú), remarcó que dicho proyecto “tiene su origen en el proyecto de Régimen Jurídico Básico”, y aclaró que los docentes no fueron incluidos en dicha iniciativa “porque tienen su propio régimen, escalafón y carrera, es decir que son cosas distintas respecto del resto de la administración pública”.
Si bien Montaldo lamentó “que Bahillo se haya olvidado de lo que querían los actores, los propios docentes”, pero el legislador justicialista le respondió que de las reuniones “participaron todos los gremios docentes”, aunque reconoció que “a todos los escuchamos, pero no pudimos atender los reclamos de todos”.
Otro punto de conflicto de esta iniciativa estuvo centrado en la composición de la convención colectiva, ya que la ley prevé que esté integrada por Estado provincial a través del Consejo General de Educación (CGE) y por los gremios más representativos del sector en partes iguales, con la mediación de la Dirección del Trabajo. Las críticas de los gremios docentes radican en que la Dirección de Trabajo es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que podría influirla.
Nuevamente, el radicalismo estuvo ajeno a toda discusión y su participación se limitó a lo expresado por Eduardo Solari (Paraná), quien lamentó que el proyecto no fuera trabajado en la Comisión de Educación, aunque luego remarcó: “Vemos con beneplácito que se avance en la convenciones colectivas y en las paritarias, pero acompañaremos el proyecto de minoría”.
No pudo ser tratado en cambio, el proyecto por el cual se declaraba como bien de utilidad pública y sujeta a expropiación las maquinarias del frigorífico Santa Elena.
En primer lugar, el presidente del bloque justicialista Emilio Castrillón (La Paz) propuso tratar sobre tablas un proyecto para expropiar las maquinarias del frigorífico Santa Elena pagándole al empresario Sergio Taselli el valor que abonó cuando las compró en remate público al Banco Nación más los intereses desde ese momento hasta la actualidad; pero el proyecto no fue tratado porque se necesitaban dos tercios y la oposición prefirió analizar la iniciativa en comisión antes de tratarlo en el recinto.
