“Es importante destacar la labor de aquellos actores de la economía real, como son los pequeños y medianos productores, y particularmente lo que refiere a la incorporación en las economías regionales o locales de las familias en las diversas actividades de la producción y comercialización de productos agroalimentarios”, sostuvo el diputado Solanas.
La norma establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá realizar un relevamiento conjuntamente con las autoridades provinciales y/o municipales a fin de evaluar objetivamente la localización de los mercados y el estudio de factibilidad técnica, económica y financiera, esquemas de organización y funcionamiento.
“Este proyecto pretende introducir a debate las herramientas legales e institucionales que posibiliten un cambio de paradigma, que importe continuar con el compromiso de profundizar un modelo económico que sienta las bases de un sector primario alternativo, proyectando una vinculación directa entre producción y consumo; con equidad y justicia social, solidaridad y participación comunitaria”, detalló en ese contexto el legislador.
A su vez, dispone la creación del Instituto Federal de Seguridad Alimentaria y Economía Solidaria que deberá estar integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional y de los gobiernos provinciales y locales de cada jurisdicción, con competencia en las áreas de: salud, agricultura, trabajo, comercio, producción, economías regionales; desarrollo social y finanzas.
“El proyecto busca garantizar y establecer la participación de pequeños y medianos productores en la gestión, regulación y control de las políticas públicas en materia agroalimentaria, mediante la creación de Juntas que controlen la producción y comercialización, en sus diferentes etapas”, puntualizó Solanas y agregó: "Apunta además a promover políticas públicas que prioricen la producción nacional conforme las necesidades de consumo de las comunidades regionales y a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la alimentación de sectores más vulnerables y de atención prioritaria como son la niñez, mujeres, adultos mayores, y comunidades de pueblos originarios”.
La iniciativa también busca “promover la educación alimentaria con el fin de mejorar el estado nutricional de la población, priorizando los alimentos producidos por cada una de las economías regionales”, finalizó.
