Últimos dos párrafos de la Nación de ayer:
“Sin embargo, en el Ministerio reconocieron a La Nación que se pagó por encima de los precios máximos mediante un comunicado que hicieron llegar a este medio. Y aclararon que el Estado paga a 90 ó 120 días en muchos casos.
En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora del precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad del llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra.”
(Diario La Nación. Textual de ayer lunes, las negritas también)
Nadie dice nada, ni nadie apunta a la naturalizada costumbre de los proveedores del Estado que, para cubrirse de las demoras burocráticas y de los posibles sobresaltos que puedan surgir en la economía en ese período desde que se entregó la mercadería y se efectivizó el pago, suelen marcar con importantes sobreprecios. También se debe resaltar que -en el mismo sentido de cubrirse por parte de los proveedores- lo que compra el Estado lo hace en blanco, por lo que se deben pagar todos los impuestos correspondientes a la prestación que dan. Además de estar al día con todas las exigencias tributarias.
Muchos proveedores se quejan de estas “cosas”. Pero claro, siempre está la opción de no venderle al Estado si no les gustan las condiciones. No existe una obligación a no ser por la toma de alguna medida extraordinaria en momentos excepcionales. Sin embargo, muchos mueren por hacer negocios con el Estado porque tarde o temprano paga, y paga bien.
Daniel Arroyo (1) es un fuera de serie que conoce como pocos la situación social de los sectores más vulnerables de la Argentina y es quién viene desarrollando desde hace muchos años proyectos para el desarrollo de la economía social y solidaria. Un tipo de gran claridad y con un legajo intachable, pero nada importa cuando se trata de golpear a un gobierno de tono popular al que las encuestas lo tienen muy por arriba de lo que les gustaría a los sectores preocupados porque todo siga igual después de la pandemia.
(1) Daniel Arroyo es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Desarrollo Local, Economía Social, Desarrollo Humano y Planificación Social. Ha sido Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Hasta diciembre de 2011 se desempeñó como Director de Provincia Micro Empresas y Presidente del Fideicomiso Fuerza Solidaria. Es consultor de Organismos Internacionales: Banco Mundial, BID, UNICEF, CEPAL, PNUD. Profesor invitado de la Universidad de Salamanca (España) y de la Universidad de Bologna (Italia). Profesor de grado y de posgrado de diversas universidades.
