A dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la autoridad de aplicación de la normativa sigue sin tener presencia de la oposición a pesar de que la ley prevé que haya representantes de tres minorías legislativas en el cuerpo. Los legisladores tuvieron 24 meses para designar a los responsables de cumplir esa función, pero la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal no dieron su acuerdo para conformar la comisión bicameral que, además de controlar la puesta en marcha de la nueva legislación, debía designar a quienes conformarían el directorio de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
“La oposición siempre consideró que la ley era inconstitucional. Hicieron presentaciones judiciales y se negaron a conformar la comisión bicameral para designar a quienes integrarían la autoridad de aplicación. Es una cosa totalmente insólita, pero fue una estrategia para no permitir que se aplique la ley, una forma de deslegitimar la democratización de los medios”, explicó la diputada Cecilia Merchán, que hasta hace poco formaba parte de Libres del Sur, y fue una de las impulsoras que tuvo la ley en el Congreso de la Nación. Merchán conformó junto con sus compañeros del bloque Encuentro Popular y Social, legisladores del socialismo y de Proyecto Sur, el grupo de diputados que impulsaron cambios en la ley. El resto de los bloques, directamente, se opuso a todo.
El diputado mendocino Enrique Thomas, del bloque Peronismo Federal, aseguró que estaría dispuesto a integrar la comisión bicameral, pero aclaró que la conformación de ese cuerpo no está entre las prioridades de los peronistas disidentes. ¿Por qué? “Nosotros nunca estuvimos entusiasmados con la conformación de la comisión bicameral. En el kirchnerismo las tareas de control son muy relativas. El kirch-nerismo impone el número y no escucha a la oposición. Yo integro la comisión de seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia que nunca se reúne. Entonces, es muy relativa la posibilidad de controlar con la comisión”, explicó.
Merchán, sin embargo, puntualiza que si se hubieran designado representantes de la oposición en la AFSCA, estos, por ejemplo, entre muchas otras cosas, podrían presionar para que se designe a la figura –aún vacante- que ocupará el rol de defensor del público.
Dos años pasaron desde que el Senado, en una sesión que duró 20 horas, le diera sanción definitiva con 44 votos a favor y 24 en contra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le pusiera fin a un camino extenso plagado de debates, audiencias públicas y polémicas mediáticas
A partir del 10 de octubre de 2009, y con mayor vehemencia tras el recambio legislativo del 10 de diciembre de ese año, distintos sectores de la oposición se ocuparon de que la ley no entrara en plena vigencia y, por lo tanto, de que los intereses de los grupos concentrados que monopolizaban la información en la Argentina no fueran afectados. En esa búsqueda los diputados del entonces denominado Grupo A no escatimaron imaginación ni esfuerzo.
Las primeras escaramuzas llegaron a través de la justicia. Así, de manera casi inédita, miembros del cuerpo parlamentario –en este caso de la Cámara de Diputados– se presentaron ante la justicia bajo el argumento de que el Congreso había incumplido sus propias normas. El primero en intentarlo fue Thomas.
El diputado mendocino argumentó que, debido al incumplimiento de normativas, se vio restringido en su derecho a legislar, por lo tanto reclamó la suspensión de la aplicación de la ley en todos los casos. Con ese solo argumento consiguió la medida cautelar de la jueza mendocina de primera instancia Olga Pura de Arrabal y la confirmación de la Cámara. El endeble argumento se cayó ante la Corte Suprema por carecer de peso específico.
En el mismo sentido, y con similares argumentos, la diputada salteña Beatriz Daher se presentó ante la justicia de su provincia. Daher consiguió la medida cautelar en primera instancia, que finalmente fue revocada por la Cámara provincial. En el término de diez días, en el mes de octubre del año 2010, fueron revocadas las dos medidas cautelares impulsadas por diputados que habían suspendido en su totalidad la Ley de Medios Audiovisuales.
En ese entonces quedaba en claro que el accionar de algunos legisladores iba no sólo en sintonía con la estrategia judicial del Grupo Clarín, sino también con sus intereses.
La tercera presentación judicial que llegó desde el Parlamento estuvo a cargo de Federico Pinedo. En este caso, el titular del bloque PRO intentó conseguir una medida cautelar para frenar la conformación de la comisión bicameral prevista en la ley y así postergar la entrada en vigencia de la norma.
La juez de primera instancia rechazó la cautelar aduciendo que el objeto de la misma coincidía con el fondo de la cuestión. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones; sin embargo, la bicameral, como fue dicho, sigue siendo una deuda pendiente.
Tras el 10 de diciembre de 2009, con el recambio legislativo consumado, la oposición, que ya se planteaba “refundar la República” de la mano de su mayoría parlamentaria, fijó como una de sus prioridades el trabajo en la Comisión de Libertad de Expresión para defender los intereses de los grandes grupos que monopolizaban la información. Así, con la conducción de la radical Silvana Giudici y la anuencia de Patricia Bullrich (CC), Fernando Iglesias (CC), Paula Bertol (PRO), Roy Cortina (PS) y Enrique Thomas (PF), la comisión impulsó, en coincidencia con los reclamos del Grupo Clarín y con los primeros amparos presentados por los legisladores, el proyecto para modificar el artículo 161 de la ley para dejar sin efecto el plazo de desinversión fijado por la norma.
Giudici, Bullrich e Iglesias fueron acusados una y otra vez, en el recinto y en la comisión, de defender los intereses del Grupo Clarín. Los cuestionamientos fueron disparados tanto por colegas como por los periodistas que asistieron a la Comisión a denunciar censura, persecución ideológica y discriminación laboral por parte del “gran diario argentino”, el Grupo América y el diputado Francisco de Narváez
El 10 de junio de 2010 expusieron, ante la comisión de Libertad de Expresión, el recientemente fallecido Claudio Díaz, quien fue avasallado con preguntas mientras intentaba relatar la discriminación laboral sufrida en el diario Clarín por hablar a favor de la Resolución 125 en otro medio; Pablo Llonto, quien detalló la persecución que vivieron los trabajadores del diario Clarín que quisieron formar una comisión interna, y Reynaldo Sietecase, quien denunció el caso de censura sufrido en el Grupo América, quien además aseguró que el diputado nacional Francisco de Narváez no sólo era dueño de una parte de ese Grupo, sino que había tenido que ver con el episodio de censura.
La comisión, que actuó con notable celeridad a la hora de recibir y escuchar a los periodistas emblema del Grupo que se sentían asediados por manifestaciones populares y afiches callejeros, o a la hora de pronunciarse sobre la medida de fuerza que impidió la salida del diario Clarín en una oportunidad, no mostró la misma rapidez a la hora de tener que convocar a las autoridades de los multimedios y al diputado para que presentasen su descargo.
Ni las denuncias de Llonto y Díaz sobre las persecuciones permanentes que viven los trabajadores en Clarín, ni la denuncia de Sietecase sobre el atropello a la libertad de expresión en el Grupo América tuvieron resolución. A un año y cuatro meses de su presentación, ninguno de los denunciados se presentó ante la comisión.
