Sin dudas, los grupos Clarín, Vila-Manzano y Cadena 3 encabezarán el lote de los más afectados y tendrán que desprenderse de varias de sus empresas. «Estos grupos van a tener que desinvertir», explica a Buenos Aires Económico Martín Becerra, especialista en medios de comunicación y profesor de la Universidad de Quilmes.
Concretamente, el artículo 45 establece que sólo se podrá tener una licencia de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, 10 de los servicios de radiodifusión sonora, televisión abierta o cable (hasta ahora eran 24), y 24 licencias de servicios de radiodifusión por suscripción. Además, los operadores no podrán prestar servicios a más de 35% del total de los habitantes del país o abonados a esos servicios. Las restricciones también alcanzan a la tenencia combinada de un servicio de cable y un canal de televisión abierta local.
DIVISIÓN DE BIENES. El Grupo Clarín, por ejemplo, tendrá que optar por conservar sus canales, el 13, el 6 de Bariloche, el 7 de Bahía Blanca, el 12 de Córdoba o el 10 de General Roca, o bien elegir quedarse con Cablevisión-Multicanal. «No puede mantener ambas actividades -asegura Becerra. Eso, seguramente, no va a aceptarlo de manera amigable. Va a dar pelea, y ya la está dando».
El caso del grupo Vila-Manzano es muy similar al del multimedios que lidera Ernestina Herrera de Noble. Entre otras posesiones, tiene el holding Supercanal, un sistema de televisión por cable de Mendoza y varias localidades del país y asimismo es propietario de América 2 -donde es accionista Francisco De Narváez-, América 24, AM La Red, y otros canales (Canal 7 de Mendoza, Canal 6 de San Rafael, Canal 2 de Santa Fe, Canal 8 y Canal 5 de San Juan) y radios del interior. El Grupo controla 15 emisoras de radio por todo el país, pero sólo puede quedarse con 10.
Telefónica, en cambio, posee Telefé y ocho canales más en distintas ciudades. Su situación no lo obligaría a vender. Para Becerra, es un tema que «se va a tener que estudiar mucho porque no me parece que esté tan claro qué debe hacer. El Comfer nunca le dijo que sí ni que no. Va a ser una cuestión que, incluso, podría llegar a discutirse en términos legales».
EN EL INTERIOR. Cadena 3, que tiene base en la provincia de Córdoba, alcanza a buena parte del territorio nacional con una veintena de licencias. Tendrá que desprenderse de muchas hasta llegar a las 10 permitidas.
Según la mirada de Becerra, quién es investigador del Conicet, en el interior se encontrarán los grandes multimedios que serán grandes perdedores. «Eso va a ocurrir en Córdoba, Mendoza y Rosario, los grandes centros urbanos, -enumera- que tienen la comunicación hiperconcentrada». Además considera que «son importantes ciudades que tienen envergadura económica suficiente para que empiecen a surgir otros medios locales, menos concentrados, pero muy interesantes».
En el norte, igualmente se observa lo mismo con el Grupo Visión Jujuy, del que es parte el senador Guillermo Jenefes, que controla Canal 7, AM 630, FM 97.7, Radio Perico, Radio Libertador y Codivisión (un circuito cerrado por aire destinado a las zonas rurales). Además tiene 15 repetidoras por Jujuy y Salta. Con la nueva ley tendrá que elegir entre la televisión por suscripción y la abierta.
LOS BENEFICIADOS. En el lugar opuesto, la normativa aprobada traerá nuevos vientos para las pequeñas y medianas productoras, y sobre todo, a los medios del interior, un sector muy perjudicado en materia comunicacional. Becerra, autor de «Periodistas y Magnates» y «Los dueños de la palabra», explica que «se van a ver claramente beneficiados porque van a tener la posibilidad de abastecer de programación que la ley exige que exista en lugares donde hoy no aparece. Van a aparecer nuevas productoras del interior o de capital que irán a poner sucursales. Si un grupo de periodistas o creativos monta una empresa o algunas de las existentes desarrolla un plan de expansión federal, naturalmente obtendrán tareas para realizar”.
También suma entre los favorecidos, a las cooperativas. Y festeja que «los operadores no comerciales podrán acceder por primera vez a la titularidad de una licencia».
Finalmente, Becerra destaca un avance que no tuvo gran trascendencia y se lo ocultó en el debate mediático. “El sistema de medios públicos mejora mucho porque hoy es un sistema que no es público sino gubernamental. Sacarlo de la influencia directa del Poder Ejecutivo me parece un gran salto adelante. La conformación de un sistema de medios públicos me parece que es un gran adelanto. Espero que se realice. Tenemos que entender que los medios públicos no cambian de un día para el otro. Tienen toda una cultura que llevan décadas detrás, pero lentamente va a mejorar mucho la situación a la existente”.
“EL PLAZO PARA LA DESINVERSIÓN SERÁ MAYOR A UN AÑO”
El artículo 161 de la ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales fue uno de los más criticados y debatidos por la oposición y los multimedios. Justamente, el punto en cuestión y tras el que cerraron filas para plantear negativas, es el que establece que los titulares de una cantidad mayor de licencias a la permitida, deberán ajustarse a la nueva disposición en un plazo no mayor a un año.
Sin embargo, en la difusión se evitó profundizar sobre lo que la letra de la normativa estipula taxativamente ya que se aclara que los 12 meses empezarán a correr una vez que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición.
En tal sentido, todo indica que los multimedios tendrán el tiempo suficiente para adecuarse a la nueva norma, en virtud de los pasos que tendrán que darse sí o sí. El Poder Ejecutivo primero tiene que reglamentar la ley. Luego tendrá que conformarse la autoridad de aplicación, un órgano que se encargará de hacer cumplir los reglamentos, disposiciones y las obligaciones asumidas por los medios.
Para ello se formará una comisión bicameral que designará a los tres diputados o senadores que la integrarán. Al mismo tiempo se conformará un consejo federal audiovisual, que designará a los integrantes de cada provincia, a los representantes de los sindicatos, de las universidades, y de las cámaras empresarias. Luego, la autoridad de aplicación tendrá que establecer las reglas y disposiciones para la venta de activos.
Según Martín Becerra, especialista en medios, el cálculo más optimista para llevar a cabo todo ese proceso lo ubica en “alrededor de los 8 meses”. Y recién transcurrido ese tiempo comenzaría a regir el año. «Esto va a tardar más de un año. Ese plazo cuenta desde que las reglas de desinversión estén definidas», asegura a Buenos Aires Económico.
– ¿Entonces las empresas y la oposición exageran cuando plantean el tema?
– Sí. Sobre todo los grupos y la oposición de derecha o centroderecha, que sobreactuó mucho, para causar pánico en sus propios trabajadores y en la audiencia, con la supuesta desaparición de señales.
-Esos mismos sectores plantearon recurrentemente que varias cuestiones se dirimían en la Justicia.
-Sí. Seguramente se abrirá una instancia de acciones legales de parte de los grandes medios que resulten perjudicados por la ley. Las empresas iniciarán juicios y se resolverá en cada caso. De todos modos, se trata de un bien que es administrado por el Estado y no veo argumentos legales fuertes para invocar supuestos derechos adquiridos.
-¿No es un punto atacable con facilidad?
-No lo creo. Los especialistas que pasaron el Senado y Diputados aseguran que la ley se ajusta completamente al marco legal. En todo caso, la Justicia resolverá.
