El robo de bebés constituye, seguramente, la consecuencia más visible de la represión. Niños arrancados de sus madres en el momento del parto que aún hoy continúan desaparecidos. Despojados de su identidad. Esa es todavía una herida abierta de la sociedad argentina. El caso de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela es un ejemplo individual de ese dolor colectivo.
La semana pasada, el testimonio de Oscar Kopaitich provocó un cimbronazo y a la vez revitalizó la investigación para dar con el hermano de Sabrina Gullino. El militante residente en Barcelona declaró durante una hora y media y reafirmó que el exagente de inteligencia Paúl Navone recibió al mellizo de manos de una celadora de la Policía de Menores de Rosario y que lo inscribió o bien como hijo propio o bien como hijo de un hermano suyo. Dijo también que el Destacamento 121 de Inteligencia tenía una estructura dedicada a la venta de hijos de desaparecidos y mencionó dos nombres.
Tras la declaración, la abogada Ana Oberlin bajó las expectativas al manifestar que los datos aportados por el testigo “circulan desde hace tiempo en Rosario, han sido investigados y no se ha encontrado nada demasiado concreto como para acusar e imputar a estas mujeres de tener una estructura armada al respecto”. Sin embargo, fuentes tribunalicias revelaron que el juez Gustavo Zonis quedó impactado por la información que aportó el testigo y que sus dichos dan fuerza a la investigación, más allá del caso puntual, por lo que se espera que tome decisiones en los próximos días.
Kopaitich dijo que los mellizos nacieron en el Hospital Militar, que fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), que el varón tuvo un problema de salud, que la nena fue trasladada por Walter Pagano y Juan Daniel Amelong y abandonada en el Hogar del Huérfano en Rosario, y que el varón terminó en la casa de una celadora de la Policía de Menores que lo entregó al exagente de inteligencia del Ejército Paúl Navone.
“Lo atendieron en el Instituto Privado de Pediatría hasta que salió del cuadro y de ahí fue a parar a la casa de Norma Ramos, que era una celadora de la Policía de Menores de Rosario y tenía una casa en la zona sur, adonde iban a parar todos los bebés para después negociarlos. De eso se ocupaba una abogada, Leyla Perazzo, y el precio variaba según las características fisonómicas de los chicos. Ahí fue a parar el hijo de Raquel Negro y de ahí lo sacó Navone”, fueron las palabras que utilizó.
Oberlin señaló que “esta era una hipótesis que estaba dentro del expediente y de alguna manera refuerza esa línea de investigación, que está siendo examinada desde el juzgado, pero que no ha dado resultados positivos”. Sin embargo, la novedad que introduce Kopaitich es que la persona que entregó el bebé a Navone es Norma Ramos y sobre eso versó el interrogatorio del juez Zonis y el fiscal José Candioti.
Pero Kopaitich fue más allá al manifestar que Ramos era “el nexo entre Perazzo y la patota” y ante una consulta sobre si el dinero producto de la venta de bebés era utilizado para financiar la represión o iba a parar a los bolsillos de los represores, señaló que “la guita la manejaba el coronel Juvenal Alcibíades Pozzi, pero se repartía discrecionalmente”. Pozzi, ya fallecido, era el jefe del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario en 1978, aunque durante el juicio se intentó minimizar su participación, y de hecho el exagente de inteligencia Eduardo Tucu Costanzo dijo que era “una figura decorativa” ya que quien efectivamente mandaba era Pascual Oscar Guerrieri.
Leyla Perazzo es abogada y policía. Ingresó a la fuerza en 1963, fue directora de Asuntos Internos entre 1998 y 2003 y jefa de la Policía Santafesina durante el segundo gobierno de Jorge Obeid (PJ), entre 2003 y 2007. En tiempos de la dictadura estuvo a cargo de la Policía de Menores, bajo el ala de Agustín Feced.
El periodista Carlos Del Frade publicó en su libro El Rosario de Galtieri y Feced una entrevista en la que Perazzo cuenta sobre su trabajo en la Policía de Menores durante la dictadura. “Yo estuve en la peor época… dos o tres años. En general las chicas (por las celadoras) salían a pedir ropa para los pibes. Los llevaban al médico. Hasta una persona como Feced, en una cuestión como la de los chicos, no se metió, dejó que los resolviera la justicia”, dijo el 14 de febrero de 2000. “La Policía recibía un chico del comando y lo anotaba. Ese era un aspecto. Después estaban los grupos de tareas”, diferenció la abogada. “Llegamos a tener como 60, me acuerdo”, confesó luego a Del Frade.
Da escalofríos. Sesenta menores que llegaron de manos de los grupos de tareas. Del Frade consignó en su investigación que “de acuerdo a los documentos que constan en el cuerpo 21 de la Causa Feced, hubo 98 menores NN entre 1976 y 1983 denunciados en el juzgado provincial correspondiente” y que “18 menores derivados de procedimientos antisubversivos figuran entre los expedientes caratulados ‘NN ingresados en la secretaría civil del Juzgado de Menores de la Segunda Nominación’”. Existen también expedientes que remiten a chicos que fueron misteriosamente “abandonados” y luego dadas en adopción. En el libro están detallados los casos: constan aquellos que fueron entregados a sus familias y otros que fueron dados a familias desconocidas.
En todo este tiempo, desde la publicación del libro, la exjefa de policía nunca fue citada a declarar. Del Frade ha peregrinado en vano por los tribunales con la cinta de aquella entrevista. Hoy, diez años después, el nombre de Leyla Perazzo apareció nuevamente.
En diálogo con EL DIARIO, Del Frade se lamentó de que “la justicia ha ignorado sistemáticamente las denuncias contra Perazzo”, pero consideró que “en su momento hubo una decisión política de protegerla y hubo acuerdos para eso, por eso nunca fue citada a declarar en los tribunales. Y también hubo algunos organismos de derechos humanos que participaron de esos acuerdos”, aseveró.
El periodista, que declaró en el juicio por robo de bebés que se realizó el año pasado en Paraná, señaló además que “lo importante de la declaración de Kopaitich es la revitalización del rol de Perazzo durante la dictadura. Eso es muy valioso”.
Investigaciones posteriores de los organismos de derechos humanos de Rosario permitieron reconstruir que la mayoría de las causas de los NN llegaron a los juzgados desde Policía de Menores en 1976 y 1977, precisamente la época en que se desempeñaba Leyla Perazzo, pero hay otros procedentes desde el Hogar del Huérfano –el mismo al que fue a parar Sabrina Gullino– o desde alguna seccional policial.
En Entre Ríos, el relevamiento y revisión de los trámites de adopción, sea por vía de los hogares de huérfanos o de los juzgados de menores, es una pista aún no explorada.
El 21 de octubre del año pasado cinco exmilitares fueron condenados a penas de entre 5 y 14 años de prisión por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná, en marzo de 1978, durante el cautiverio de su madre.
El parto se habría producido el 3 de marzo y fue atendido por médicos que no pertenecían al hospital. Al día siguiente, los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente el varón presentaba problemas respiratorios y cardíacos, y luego ambos derivados al IPP, de donde egresaron el 27 de marzo.
La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano, en Rosario, y luego dada en adopción legal. Se trata de Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008. El varón continúa desaparecido. Respecto del mellizo, los represores trazaron una versión falseada para pretender que había fallecido.
