Actualmente, la Vertiente de la Concordia y las de Victoria se ubican con un precio de 150 pesos, mientras que en las de Villa Elisa, cobran 190 pesos. Con un precio tan elevado, los turistas muchas veces optan por ir a conocer las termas de otras ciudades.
En el artículo 3º de la ordenanza del año 95 que establecía el permiso para perforar en la búsqueda de aguas termales se creaba la “Comisión Municipal de Control, del Contrato de Concesión del predio termal, celebrado entre la Municipalidad de Concordia y la firma VERTER S.A. que estará integrada por: un (1) representante de la Secretaría de Economía y Hacienda, dos (2) representantes de la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, dos (2) representantes de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, un (1) representante de la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión y el Honorable Concejo Deliberante, representado por dos (2) concejales del bloque mayoritario y un (1) por la minoría”.
El 9 de febrero del año pasado, un concordiense radicado en París, denunció públicamente el estado en que encontró las termas de Concordia: hongos en las piscinas y serias fallas en las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias. No obstante, las falencias no eran novedosas: en noviembre de 2012 un grupo de concejales visitó el complejo termal y constató las mismas irregularidades. Esa situación fue plasmada en un pedido de informe que fue enviado al Ejecutivo. La concejal Irma Bergalio dijo el 6 de marzo de 2014 que, a partir de ese momento, desde el Concejo iban a “actuar de otra manera”.
Esta semana, DIARIOJUNIO quiso conocer en que situación se encontraba el pedido de informe. No fue posible debido a que, por un lado, Bergalio dijo que intentó acceder a la información en el Ejecutivo pero no le fue posible debido a que no pudo dialogar con el secretario de Gobierno, Juan Domingo Orabona. Por el otro, señaló que la comisión de termas esta incompleta dado que el Ejecutivo no designó los integrantes que deberían conformarla. Por lo tanto, solamente se realizaron las designaciones desde el Concejo. O sea que funciona a medias.
Hay que tener en cuenta que el contrato de concesión fue ratificado por el Concejo en 1999. Este establece que el tiempo de la concesión y de los derechos de uso y goce al que refieren las cláusulas anteriores se establecen veinticinco años (25), con opción a favor de "La Concesionaria" por quince (15) años más. O sea que recién vencería en 2024 siempre y cuando la concesionaria desista de seguir adelante por otros 15 años.
En el contrato se establece que si el municipio decide rescatar la concesión antes del fenecimiento del plazo pactado, ésta deberá abonar a Verter la inversión realizada ajustada al momento de pago, con más una indemnización única por lucro cesante a favor de ‘la concesionaria’ consistente en el pago de una suma de dinero a obtener del siguiente cálculo: cantidad de personas ingresadas en el complejo termal durante el término de un año calendario, tomando para ello el mejor promedio, multiplicado por el número de años que falte para la finalización del plazo original de la concesión, al valor del costo de la entrada al momento del rescate, debiendo multiplicarse ese resultado por 2,5”. Como detalle, vale recordar que el intendente en 1999 era Juan Carlos Cresto y Gustavo Bordet era concejal cuando el cuerpo ratificó el convenio con esa cláusula leonina.
En consecuencia, el municipio ¿está atado de pies y manos?. El precandidato a intendente Eduardo Asueta dijo que desde hace tiempo que vienen analizando el contrato de concesión. “Vemos que es un contrato que deja mucho que desear pero a la vez vemos que es un contrato que autoriza al municipio a rescindirlo ante cualquier tipo de incumplimiento por parte de la concesionaria”, indicó.
En efecto, la cláusula 10º señala que “el incumplimiento de las obligaciones asumidas por ‘Verter’, significará la caducidad automática de la concesión y la pérdida de los derechos de uso y goce respecto al predio y dará derecho a ‘La Municipalidad’ a resolverle presente contrato debiendo cesar en la exportación del recurso termal y restituir el predio con las mejoras pactadas a ese momento sin cargo alguno para ‘La Concedente’ dentro de los treinta días de operada la caducidad. Constatado el incumplimiento ‘La Municipalidad’ deberá intimar a ‘La Concesionaria’ para que lo cumplimente en un plazo que no podrá ser inferior a treinta (30) días; transcurrido el plazo sin que la obligación haya sido cumplida, quedará resuelta la concesión sin derecho para ‘Verter’ a resarcimiento alguno…”.
El precandidato dijo que uno de los deberes de la concesionaria es mantener la infraestructura en perfecto estado de funcionamiento. “Constatada una situación de mala conservación de la infraestructura edilicia, el municipio se encuentra desde ya autorizado a rescindir el contrato”, señaló.
Además Asueta mencionó que el municipio “tiene herramientas legales para defender sus intereses y para exigir un mejor funcionamiento del complejo”. Entre los aspectos a discutir en una eventual renegociación del contrato, incluyó a las tarifas de ingreso. “El valor es muy importante para Concordia. De hecho todos los municipios termales tienen tarifas inferiores”, señaló. Por ello, el precandidato abogó por aprovechar “las herramientas legales existentes para defender el interés público de la ciudad”.
Respecto de la comisión de control, Asueta puso énfasis en el papel del Ejecutivo por sobre el de los ediles y recalcó que es quien debe ejercer el “poder de policía” sobre la concesión.
En tanto, el vicepresidente del Concejo, Mariano Giampaolo, dijo que hacer ocho meses que no visita las termas y que “podrían estar mucho mejor” tanto en los servicios como en la presentación visual para los turistas. “Máxime teniendo en cuenta que los precios de entrada así se los permite”, dijo.
En la plataforma electoral conciben a las termas como uno de los “elementos centrales” del turismo junto con la pesca deportiva, el paisajismo y el turismo de convenciones. En ese marco, dijo que proponen “aumentar y mejorar los niveles de relación entre lo público y lo privado de manera que los emprendimientos termales se repotencien”.
Desde su óptica, tanto el complejo Verter como las de Punta Viracho y las del hotel Ayuí que son administrados por la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande) a cargo del dueño del diario “El Sol” Luis Mazurier, “no están al 100 % de las condiciones en que deberían estar”.
La propuesta de Giampaolo es incluir en la comisión de control de termas es incluir a las temas públicas en referencia a las de la Codesal. Además se les de participación a los prestadores del sector privado del servicio termal y “agotar al máximo las vías de conciliación y de acuerdo para, de manera conjunta, entre públicos y privados poner al 100 % las termas de Concordia”.
Incluso, el precandidato dijo que no se puede descartar “algún tipo de inversión” como la que se hizo en Federación. En esa ciudad, el Estado provincial “apoyó el emprendimiento termal con la realización del parque acuático”. “Creo que una experiencia como esa podría ser muy positiva para la ciudad. Dependería de la actitud de los inversores de acompañamiento del esfuerzo público. Si no hay un acompañamiento del sector privado, resulta imposible que el sector público pueda por sí solo y, a la inversa, tampoco”, resaltó.
Asimismo, recalcó que el Estado debe tener una presencia muy activa pero sin transformarse en un “socio tonto que solo aporte sin exigir nada a cambio”.
