Fernández, quien será defendido por los abogados Leandro Ríos y Leandro Dato, está acusado de haber adquirido, con bonos federales y por compra directa, un departamento de la empresa que abonó con fondos provenientes del pago de un seguro, de la institución que conducía, por un siniestro en un vehículo de su propiedad.
La causa se remonta a 2002 cuando Fernández se desempeñaba como vocal del instituto, cargo en el que fue designado mediante decreto del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de abril de 2001 y suscribió, junto al presidente de ese organismo, Dardo Beltrame la Resolución Nº 723/02 por la que se resolvió, en su favor, la venta del departamento 10 “F”, del edificio del Seguro, ubicado en las calles Ecuador y Buenos Aires de Paraná en un valor de 70.218 pesos.
Según la acusación fiscal, Fernández se adjudicó el departamento en dación de pago de un siniestro sobre una camioneta de su propiedad, asegurada por el IAPS. Y, se le atribuye haber aceptado la propuesta de pago ofrecida por él mismo en su carácter de asegurado, para completar el valor total del inmueble. De tal decisión, Fernández compró, en forma directa y con bonos, el inmueble que registró a nombre de sus hijos.
Para cerrar el negocio, y de acuerdo a la causa que se tramita en la Oficina Anticorrupción, la negociación consistió en la entrega de bonos federales, por un total de 26.280, que fueron cotizados a un valor nominal de pesos 26.280 a lo que se sumó un cheque a cargo banco Provincia de Buenos Aires por la suma de 12.000 pesos y una cuota de 4.908 pesos.
El expediente también advierte sobre el modo en que se puso a la venta el inmueble, ya que para el caso debió haberse llamado a una licitación y, a su vez, la celeridad con la que se pagó el seguro del siniestro de la camioneta, en épocas donde el Instituto debía afrontar juicios precisamente por las demoras para responder a sus clientes. Además del modo en que se calculó el monto en épocas, donde la economía se encontraba desfasada a raíz de la salida de la paridad cambiaria y la coexistencia de los bonos.
Leandro Ríos, abogado del ex funcionario montielista, anticipó a APF que hará una defensa “altamente técnica”, en tanto destacó que a Fernández “lo único que se le imputa es una incompatibilidad, no un peculado ni una malversación ni una defraudación”.
Los testigos de hoy son Ricardo Sánchez, Pablo Soskin, Raúl Vittor, Peralta, Martínez Lacabe y Campos. En tanto el viernes será el turno de Barcis, Bertocchi y Asselborn.
Ríos aseveró que “no se le imputa haberse quedado con dinero del Estado, sino que no podía realizar una negociación, puntualmente adquirir un departamento, siendo al mismo tiempo vocal del IAPS”.
Según explicó el abogado “buena parte de la doctrina dice que el tipo penal se configura aún cuando la administración se beneficiara”. Por ejemplo, especificó, “si el funcionario público paga 100 veces lo que vale el departamento y la administración materialmente se beneficia, como nosotros creemos que ocurrió en este caso, porque el IAPS necesitaba liquidez en ese entonces”, expresó.
La denuncia fue radicada el 1º de marzo de 2006 por Luis Pedemonte y Mauricio Mayer, ambos eran entonces funcionarios de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, que es querellante en la causa y que ahora está a cargo de Luis Acosta.
