La investigación del Tribunal de Cuentas la había iniciado la fiscal Estela Bovier de Haenggi en 1999 y derivó en una denuncia penal radicada por el organismo ante el juez de Instrucción Jorge Barbagelata. En el trabajo se consignaban diferentes detalles sobre las contrataciones realizadas por la Compañía de Gas Sociedad Anónima, con el proveedor César Proti, domiciliado en El Pingo S/N de Paraná. En la investigación se detectó “la falta de constancia fehaciente de invitaciones a cotizar y la falta de firma de los oferentes en sus propuestas”. Se observó “falsedad en la información”; “domicilios de los oferentes de dudosa ubicación, falta de la recepción de conformidad de los trabajos y servicios contratados”.
Los auditores determinaron que Proti no poseía local habilitado; no registraba inscripción alguna en la Municipalidad de Paraná; tampoco en la Dirección General de Rentas y que el número de factura que figuraba impreso en las facturas “no corresponde a un número de inscripción” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. También se verificó que no estaba inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que el CUIT que figuraba era “inválido”. Incluso se consignó, en el informe, que la imprenta que figuraba en el pie de cada factura no existía: el domicilio señalado en Buenos Aires era Avenida de Mayo y Belgrano, que son paralelas. Proti, además, no estaba inscripto como proveedor del Estado.
El Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima informó además que de los siete cheques librados por la Compañía Entrerriana de Gas, para pagar los trabajos a Proti, seis fueron cobrados por dos empleados, quienes estaban contratados como empleados en la Secretaría de Energía. Proti fue contratado para tareas de diseño gráfico, aunque su madre declaró, ante la Escribanía Mayor de Gobierno, que su hijo “hace mucho tiempo no se dedica a la actividad de diseño”. Pero no fue la única actividad por la cual resultó requerido por la Compañía de Gas: también se le encomendaron tareas de “relevamiento de redes domiciliarias de la localidad de Gualeguaychú y zona de influencia”, según determinaron los auditores.
Los elementos de juicio reunidos por la fiscal Bovier de Haenggi determinaron “el rechazo de todos los comprobantes presentados en concepto de contrataciones”. Tras la investigación se consideró responsables al ex vicepresidente de la citada compañía, Raúl Armando Rico y la ex gerente de administración y finanzas de dicha empresa, Alejandra Bría. “Ambos aparecen avalando con su firma la documental rendida ante este tribunal, en el marco de las disposiciones en materia renditiva”, se indicó.
La fiscal añadió: “Aceptar nueva documentación en reemplazo de comprobantes en los que se han detectado serias irregularidades desvirtuaría el principio de incolumidad del Fisco, en que se funda todo el sistema de la hacienda pública, produciéndose una falta de respeto a la normativa vigente y tornándose verdaderamente fácil para quien tiene la responsabilidad de administrar los dineros del Estado”. Por ello fue que exigió el juicio de cuentas para ambos ex funcionarios y la restitución del dinero al Estado.
El año pasado, Barbagelata procesó a Rico por la defraudación al Estado y a fin del 2003 fue elevado a juicio oral y público el expediente. En Capital Federal tiene aún pendiente una causa, también por defraudación al Estado, de tiempos en que integraba el directorio del entonces ATC, canal estatal, cuando Carlos Menem era Presidente de la Nación. De hecho, Rico llegó a ATC de la mano de Menem y se encolumnó detrás de Gerardo Sofovich. En 1999 fue archivada una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 1996.
En la actualidad, Rico es empresario de la salud. Es quien aparece, entre las sombras, de la firma Medi plus, una de las principales beneficiadas por el ex director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Ariel de la Rosa, ahora nombrado al frente del área, tras el desplazamiento de Víctor Commendatore, quien, en reiteradas instancias, formuló objeciones por tales contrataciones. Medi Plus tiene como socio gerente al padre de Rico, un hombre de 76 años que hace poco tiempo reside en Paraná. La empresa, de la que Rico se hizo cargo en diciembre último, es proveedora de prótesis de Salud y el IOSPER.
