Aunque el abogado no dio precisiones sobre el monto al que ascenderían las pérdidas que motivaron los reclamos, según estimaciones del gobierno uruguayo esa cifra rondaría los 300 millones de dólares.
Las demandas, que se presentarán ante la Corte Suprema argentina, son tanto contra el Estado nacional como contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, y de acuerdo a los cálculos de Iorfida las partes tendrán alrededor de tres meses de plazo para responder.
A partir de allí, y de considerarlo necesario, el máximo tribunal abrirá el período para que cada una de las partes presente las pruebas correspondientes.
El abogado aclaró que un eventual levantamiento del corte de ruta que los vecinos de Gualeguaychú retomaron hace 18 días no modifica “en absoluto” el trámite de las demandas.
“El daño en el que nos estamos basando ya está consolidado. Lo único que garantizaría el fin del corte es que no se produzca un daño futuro, pero el perjuicio que queremos que se repare ya está hecho”, aseguró.
Los vaivenes del corte
El paso Gualeguaychú-Fray Bentos, en la ruta nacional 136, estuvo cortado durante 45 días entre principios de febrero y fines del mes pasado cuando los asambleístas entrerrianos acordaron una tregua para favorecer las negociaciones entre la Argentina y Uruguay.
Finalmente, y ante el anuncio de la empresa Botnia, dueña de una de las papeleras que se construye a orillas del río Uruguay, de que pararía las obras sólo por diez días y no por 90 como había anunciado al principio para completar el estudio de impacto ambiental, los asambleístas volvieron a la ruta a principios de mes.
Ahora, esperan que se concrete la presentación argentina ante la Corte Internacional de La Haya para evaluar un levantamiento del bloqueo, posibilidad que discutirán recién el próximo lunes.
