La discusión comenzó con la exposición de los seis proyectos presentados hasta al momento y de otras dos iniciativas que abordan la temática pero sin pretensiones de regular este tipo de manifestaciones.
De esta manera, Juan Manuel Pedrini (FpV), Ramona Pucheta (FIS), Federico Sturzzeneger (Pro), Virginia Linares (GEN-FAP), Alicia Comelli (MPN), Darío Giustozzi (FR), Pablo Tonelli (Pro) y Araceli Ferreyra (FpV), presentaron los fundamentos y alcances de sus respectivas iniciativas, así como las coincidencias y diferencias con las propuestas de sus pares.
La iniciativa de Ferreyra se sumó este lunes, mientras que la de Tonelli se conoció este martes.
En este marco, la comisión acordó avanzar en la búsqueda de consensos entre los proyectos, aunque según pudo averiguar parlamentario.com el bloque oficialista no tiene intenciones de avanzar con un texto concreto hasta que no haya un pedido expreso del Poder Ejecutivo.
En lo que sí pareciera haber consenso entre sectores del oficialismo y del arco opositor es en la aprobación de una amnistía para los procesados, imputados y condenados por participar en protestas sociales.
En consiguiente, la comisión acordó volver a sesionar el 10 junio, para escuchar a un grupo de siete representantes de organizaciones sociales y sindicales y especialistas en la materia. Entre ellos: CTA-ATE, el abogado Roberto Gargarella, Quebracho, CELS y Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En términos generales, Pedrini, Sturzzeneger, Tonelli y Giustozzi plantearon el tema como una cuestión de “colisión de derechos”. Esto es, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado; ambos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”, reza el texto de la carta magna.
Por lo tanto, los diputados hicieron hincapié en una de las tantas dimensiones de la protesta social: el formato o modalidad de manifestación, por cuanto hicieron referencia exclusiva a los cortes de tránsito.
Pedrini, el primero en tomar la palabra, aseguró que existe un “vacío legal” en la materia y explicó que esto lleva a que muchas veces existan problemas de competencia entre la Casa Rosada, los Gobiernos provinciales y el Poder Judicial. “A todos nos tocó estar alguna vez de los dos lados del mostrador”, reconoció y agregó que “se trata de una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad; no solo a los pobres o sindicalistas que realizan piquetes”.
Además, el chaqueño defendió su propuesta ante las críticas que despertó incluso en el seno del oficialismo y afirmó que “es muy difícil criminalizar la protesta con este proyecto”.
Darío Giustozzi, en cambio, insistió en la necesidad de “consolidar el derecho a la petición” para “darles canales y espacios de visibilidad con el cuidado del Estado, así como hay un orden para circular”. En línea con esto, el jefe de los diputados massistas rechazó las propuestas para crear figuras de mediación así como las amnistían que impulsan distintos legisladores.
En otro bloque donde también se plantearon diferencia es en el Pro. Mientras que la iniciativa de Pablo Tonelli rechaza los cortes de tránsito, la propuesta de Federico Sturzzeneger deja sin efectos las penas contempladas por Código Penal, siempre que los manifestantes garanticen la libre circulación en la mitad de los carriles por mano de circulación.
“Argentina es un país pendular que va a los extremos: o los prohibimos o hacemos un caos”, planteó el economista y se quejó porque “los piquetes buscan un daño a un tercero” para ser visibles y es por eso, dijo, que no hay piquetes los domingos.
Fiel a su raigambre neoliberal, el diputado macrista también interpretó desde una matriz económica prácticas que no lo son: a su entender, las consecuencias de los piquetes se pueden “economizar”, por ejemplo, con la pérdida de horas para realizar actividades privadas.
Amnistía y primacía del derecho a manifestar
Pucheta, Ferreyra, Linares y el diputado Nicolás del Caño (FIT), por su parte, aseguraron que el derecho a peticionar antes las autoridades públicas tiene primacía por sobre el derecho a transitar. “No se puede afectar el derecho a la manifestación sin afectar a la democracia”, planteó la correntina Araceli Ferreyra.
Sobre este supuesto, Linares y Del Caño defendieron el proyecto presentado por un sector multipartidario de la oposición que propone declarar la amnistía a los procesados, imputados y condenados por participar de protestas sociales, que según afirman son más de 5.000. “Es una locura que la Justicia se ocupe de los que quieren defender sus derechos”, planteó Linares. Mientras que el diputado de izquierda remarcó que “el derecho a la protesta es elemental para la conquista y defensa de nuevos derechos”.
La idea recibió el apoyo de Ferreyra y de Pedrini y el rechazo de los otros expositores. Diana Conti, en tanto, ratificó que apoya la propuesta, pese a que el proyecto que presentó junto a Alicia Comelli contempla la amnistía pero desde 2001 en adelante. “Queremos libertad de procesados estigmatizados por procesos penales”, exigió.
Como militante social y protagonista del movimiento piquetero, Ramona Pucheta salió en defensa de los cortes de tránsito. “Si uno optó por salir a ala calle es porque no tuvo respuesta del Estado; es la última instancia”, manifestó la bonaerense y completó: “parece que todas las personas que salen a la calle no piensan en el otro, son vagos o violentos; pero los que dicen esto tampoco piensan en nosotros”.
Además, la ex colega de Raúl Castells pidió dejar en claro “que no todos los que protestamos perjudicamos al resto”, ya que existen “cortes parciales y cortes totales”.
