El tribunal está integrado por la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Verónica Mulone; el vicepresidente, senador provincial Armando Gay; los vocales del STJ, Daniel Carubia y Leonardo Portela y la vocal Gisela Schumacher; el representante del Colegio de la Abogacía Luis Leisa y el diputado provincial Gustavo Zavallo.
En tanto, la acusación está a cargo del procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García, y los abogados Miguel Ángel Cullen y Patricia Valín serán los defensores de Flores.
Las audiencias son publicas, y los alegatos de apertura y clausura del debate serán transmitidas por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.
El caso
En diciembre del 2022, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir un proceso contra el juez laboral Eduardo Elías Flores, de Concepción del Uruguay, y dispuso su suspensión en el cargo mientras dure la investigación, luego de que dos abogados de Concepción del Uruguay y una ex secretaria del juzgado a cargo de Flores, lo denunciaron por presunto mal desempeño de sus funciones y por tener una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo.
En la denuncia se expuso “una variada cantidad de comportamientos o conductas del juez Eduardo Elías Flores, llevadas adelante durante el ejercicio de su función, demostrativas (…) de graves desórdenes de conducta, o inexcusables comportamientos incompatibles absolutamente con la altísima función judicial o derechamente violatorios de claras normas a las cuales deben sujetar su actuación los magistrados de una república, precedidas del decoro, la prudencia, el recato, la ejemplaridad y, sobre todo, de un piso mínimo ético infranqueable”.
La apertura de causa y suspensión del juez fue dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Verónica Mulone, Luis Leissa, Daniel Carubia, Gisela Schumacher, Leonardo Portela, Armando Gay y Gustavo Zavallo. El tribunal, además, le corrió vista al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, que interviene como fiscal en el proceso, para que formalice la acusación en un plazo de quince días hábiles.
En un caso, se denunció que el juez Flores acusó falsamente a dos abogados haber intentado cometer estafa procesal en un proceso laboral, es decir, incorporar datos falsos en el expediente para inducirlo a fallar a favor de su cliente.
El magistrado lo dijo expresamente en la sentencia, pero omitió hacer la denuncia penal a la que estaba obligado, “solo para sentenciar a favor de la parte contraria” y, a la vez, cargarlos con las costas de ese proceso, dijeron los letrados. Sin embargo, aquella acusación fue descartada de plano en la instancia de apelación y por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que aseguraron que no existió la conducta que el juez les atribuye.Los letrados aseguran que la intención del juez Flores era “cobrarse antiguos desencuentros con el magistrado, a quien alguna vez uno de nosotros no satisfizo una aspiración u objetivo de índole material”.
Hostilidad y maltratro
El magistrado, además, fue denunciado por una ex empleada del Juzgado del Trabajo Número 1 de Concepción del Uruguay por hechos de violencia laboral y personal que la sumieron en una profunda depresión y forzaron a renunciar al cargo. La mujer había ingresado al juzgado en 2017, unos meses antes que Flores fuera designado juez. Lo hizo como titular de un cargo de oficial principal; y tiempo después el magistrado la propuso como secretaria letrada interina. En su caso, dijo haber sufrido “una cerril, ilegal, ilegítima y hasta patológica persecución y sistemático plan de denigración y desgaste” de parte del magistrado, hasta que renunció a su cargo de secretaria letrada interina y luego también, “desgastada y desahuciada hasta límites intolerables”, a su cargo titularizado de oficial principal, según lo hizo constar en la denuncia. La ex funcionaria judicial, también abogada, detalló una serie de actitudes “características del acoso laboral, psicológico y moral, orientadas a desmoralizar mi práctica profesional, a destruir las redes de contención y trabajo ya generadas con el equipo, a obstaculizar el ejercicio de mis tareas laborales y, en última instancia, a forzar mi renuncia”. El magistrado también denunció penalmente a la ex empleada y le prohibió el ingreso al Juzgado del Trabajo a su cargo.
“Sostenida en el tiempo, esta situación fue generando un desgaste emocional y moral que hacía de mi trabajo, hasta entonces fuente de desafíos y de satisfacción profesional, un verdadero infierno y calvario. Fui desarrollando con el correr de las semanas un cuadro depresivo: me costaba salir de la cama, afrontar mis tareas cotidianas, no podía pensar en otra cosa que no sea el profundo hostigamiento que el doctor Flores me provocaba en mi espacio de trabajo”, expuso en la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. “Dentro de su mecanismo de maltrato buscaba generar supuestos de falta de cumplimiento a mi trabajo, acusándome de no cumplimentar debidamente con mis tareas (…) y comenzó paralelamente a denigrar mi trabajo y poner abiertamente en duda mis aptitudes profesionales”, agregó la ex empleada judicial.
