Según detallaron desde el área de prensa del STJ, el tribunal está compuesto por la jueza Carolina Castagno y los jueces Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representando por el fiscal Facundo Barbosa; la querella particular la ejercerá la abogada Valeria Burkhardt; en tanto que el abogado Roberto Alsina ejercerá la defensa técnica de los imputados.
Por las características de los tres hechos el debate será a puertas cerradas y se extenderá hasta el viernes, cuando se escucharán los alegatos de las partes.
Los hechos
La causa se abrió en abril de 2017 cuando una joven de 18 años denunció en redes sociales el abuso de los acusados. La Publicación motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien imputó a Vargas y a su cuñado Panza.
Al primero le atribuyó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado le endilgó abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.
En su escrito de elevación a juicio, el fiscal Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada querellante Valeria Burckhard, que representa a una de las jóvenes denunciantes, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.
Según publicó el medio La Sexta de esa localidad, Vargas era siervo ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los ancianos –nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza.
Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pide la absolución por cuanto considera que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo.
La investigación concluyó en noviembre de 2018, cuando el fiscal pidió la remisión de la causa a juicio. A esa solicitud se sumó la abogada querellante Valeria Burckhard. El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, hizo lugar al pedido el 20 de febrero de 2020
