El Tribunal de Juicio y Apelaciones está integrado por Jorge Alberto Barbagelata Xavier (presidente del Tribunal), Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud. Participaron de la misma, en representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche, el fiscal coordinador José Costa, el fiscal Mario Guerrero y la fiscal auxiliar Mariana Elías.
La fiscalía “presentó el alegato de apertura de la fiscalía donde se manifiesta cual es el hecho por el que se va a acusar. Se hizo una reseña de cómo sucedieron los hechos, de la prueba que se colectó tanto de la cuestión fáctica de los hechos como de la cuestión jurídica”, explicó Costa. De la misma forma, se analizó la “gravedad institucional” del hecho.
El fiscal coordinador señaló que se recolectó “un montón de prueba”. En ese sentido, enumeró: declaraciones testimoniales de los efectivos que estuvieron en la jefatura durante esas 48 horas, de comerciantes damnificados, periodistas que entrevistaron a los imputados, videos, etc. “Creemos que tenemos elementos para llevar esta causa a juicio y resta que el tribunal los escuche y resuelva”, dijo.
Por otra parte, la fiscalía informó que se arribó a un acuerdo probatorio con los defensores respecto de la incorporación, por lectura al debate como prueba, de piezas documentales y efectos que seguidamente hizo entrega. Costa explicó que el acuerdo consiste en incorporar prueba de antecedentes, documental y de informes médicos sin necesidad de traer a los testigos.
Las penas por sedición sumado a peculado, daños y lesiones leves es de 12 años, explicó el fiscal. Y a eso se añade la instigación pública a cometer “delitos”, de seis años, según lo interpretó el juez de garantías. Pero la fiscalía entiende, según Costa, que la instigación es a cometer “robos calificados” (saqueos) con lo cual la pena se eleva a 10 años. “Nos da 18 años en un caso y 22 en el otro. No es significativo el cambio de calificación”, dijo.
Los argumentos de la defensa
La defensa fue llevada adelante por Edelmiro Díaz Vélez, Oscar Bacigaluppe, Gonzalo Cantallops, Cesar Bonatto, Juan José Buktenica y el defensor oficial Alejandro María Giorgio. El principal argumento defensivo fue que no hubo sedición y ya adelantaron que pedirán la absolución de sus defendidos.
Díaz Vélez planteó la suspensión del debate ya que, a su criterio, aún no se ha concluido con las diferentes etapas recursivas y planteos formulados por su parte en las diferentes instancias contra el auto de remisión a juicio. Y adelantó que, de continuar el debate cualquiera de los defensores técnicos, se encontraría habilitado para solicitar oportunamente la nulidad del mismo. La Fiscalía se opuso a la cuestión introducida por la defensa. Y sostuvo que la resolución cuestionada está firme porque la instancia ordinaria ha concluido.
El Tribunal, luego de una breve deliberación, resolvió no hacer lugar al planteo efectuado como cuestión previa. Díaz Vélez expresó que va a recurrir la resolución en casación.
La audiencia finalizó a las 12:52 previéndose que el debate continúe, conforme se encuentra programado, el día miércoles próximo, a las 8:30. Ese día se prevé el interrogatorio de identificación de los imputados y la oportunidad para los mismos presten declaración. “Formalmente se les pregunta a los imputados si van a declarar o no”, indicó Costa. Los policías pueden optar por declarar o remitirse a lo declarado durante la instrucción de la causa. El cronograma de audiencias se extenderá hasta el 5 de junio.
