“Es una generadora de energía; sabemos todos que el 8 % de la energía que se produce en nuestro país la produce CTM. Es una fuente de energía importantísima. Solamente queremos….ya que no podemos evitar que prioricen vamos a poner el grito en el cielo máxime lo que paso en estos últimos tres meses del año y los primeros meses de 2019 que está demostrado que se priorizó vender energía por sobre los otros temas”, acotó Rebord en diálogo con Radio Ciudadana (FM 89.7).
“Ahora hay una decisión del gobierno nacional de no quedarse sin energía en la Capital o en los grandes centros nuestros. Eso a nosotros nos produce un perjuicio grandísimo en todo sentido”, explicó. Al mismo tiempo, remarcó que el cuidado que no se tiene aguas abajo si lo tienen aguas arriba para que la cota del lago de Salto Grande no inunde para no pagar indemnizaciones a los propietarios de los campos.
A la hora de precisar el perjuicio, indicó que tenían un 90 o 100 % de ocupación hotelera hasta el 12 de enero pero eso cayó a un 25 % con la creciente. Además de quienes construyeron countries en Colón en vez de elegir otro lugar y pasan sus vacaciones en esa localidad que tampoco pudieron disfrutar del verano porque la ciudad tenía “nueve metros de agua” en la costa.
Y, al mismo tiempo, recalcó el perjuicio de quienes se tuvieron que trasladar para no inundarse. En Colón, con nueve metros de agua en la costa (el equivalente a 14,50 metros en Concordia), 72 familias se inundan. Y recordó que el Presidente había prometido 3.000 viviendas por la inundación de 2015 por inundaciones de las cuales correspondían 80 para Colón pero se construyeron solo 14. “De esas 14, ocho solamente están habitadas y se hicieron en Colón”, dijo. En consecuencia, solo el 10 % de lo prometido.
Otros daños a la ciudad fueron la falta de resarcimiento por el refulado de arena. “Hace un par de años nos dieron $ 1.000.000. Es algo importante y por lo menos relativamente nos sirve: es una curita a la lastimadura”.
“Sabemos que el gobierno nacional no tiene para aportar nada, pero lo que produce la represa…fíjense lo que paso en Vaca Muerta. La provincia de Neuquén consigue que parte de lo producido por Vaca Muerta empieza a quedar para los neuquinos. Y eso es lo que nosotros queremos. Si bien es compartido con el Uruguay, es parte de la provincia de Entre Ríos”, añadió.
“Si bien hace tiempo venimos reclamando, ya hace tres años que no recibimos… Siempre ha habido de una u otra manera, resarcimientos de CTM, con respecto a las inundaciones. La colaboración eran aportes que son ínfimos; son granitos de arena que nos sirven para refular y reparar las costas que se rompen por esta prioridad que tiene CTM de vender energía antes que preocuparse por lo que pasa aguas abajo y encima no hacerse cargo”, indicó.
“En principio invitamos a gente muy preparada en el tema como el ex senador (Héctor) Maya que tiene su ley que, si bien está aprobada y está en vigencia, no está aplicada. Es la famosa ley Maya. Hay un montón de cuestiones que, desde el vamos, este gobierno no las ha respetado”, indicó. Entre las cuestiones no cumplidas, mencionó el consenso de los delegados argentinos en la conducción de la represa. Además, mencionó al concejal concordiense Daniel Cedro. “Nos asesoraron y apuntamos a toda la parte jurídica de la municipalidad”, indicó.
“Si bien los vecinos y los perjudicados directamente tienen todo fotografiado lo que ha pasado y lo que viven en cada inundación, más allá de lo que podemos hacer los municipios. Tenemos medios pero son los mínimos con respecto a lo que nos causa”, dijo el intendente.
Un rápido calculo que hizo el intendente da cuenta de que Entre Ríos no consume ni el 2 % de la energía que produce la represa. Si ese porcentaje fuese reconocido, los entrerrianos no pagarán más nada en concepto den energía eléctrica. “Y encima nos sobraría”, dijo.
De la misma forma, recordó que un equipo de Todo Noticias “afín al gobierno nacional”, dijo Rebord, recorrió la costa del Uruguay y mostró las costas con el agua desbordada. “Hizo un poco de terrorismo de Estado mostrando los déficits de Concordia, de Colón”, dijo. Pero cuando bajó el río “pidió fortunas para mostrar la otra cara para revertir la noticia”, señaló. De hecho, recordó que no se previó que viniese tanta agua. “Y se volvió a ver lo que se veía x cantidad de años antes de que estuviera la represa. Mucho barro, el agua con tierra colorada que antes decantaba en el Lago o no pasaba”, dijo.
Rebord dijo que se hicieron eco de algunos comentarios de la delegación uruguaya desde donde se aducen a los gastos superfluos de la delegación argentina. “Ese sería un tema al margen”, dijo.
El concejal Daniel Cedro, a su vez, indicó que realizo un intercambio de datos con personal de la repartición encargada de las cuestiones judiciales en Colon. El reclamo será administrativo, en una primera instancia, para ver si pueden llegar a un acuerdo. Pero también dialogaron sobre la faceta judicial del tema. La conclusión es que Salto Grande tiene responsabilidad tanto aguas arriba como aguas abajo debido a que están generando una actividad comercial que arroja importantes ganancias. “Me parece que es una cuestión de justicia y de equidad que se compartan dado los daños que tanto a los ribereños como a los municipios les ocasionan gastos muy grandes”, explicó.
“En principio lo que me parece saludable es que se llegue a un acuerdo por una vía de negociación. Si eso no se da, la última instancia que quedaría sería el reclamo judicial”, acotó Cedro.
Más adelante, consultado sobre el supuesto mal manejo de la represa durante la última inundación, Cedro dijo que hubo muchas voces que se escucharon con ese argumento. Y menciono especialmente a un meteorólogo de Uruguay que sostuvo que varios meses antes había modelos que anunciaban el evento climático y Salto Grande no actuó en consecuencia. “Me parece que eso genera una responsabilidad de parte de las autoridades de Salto Grande respecto de quienes están aguas abajo. La responsabilidad de Salto Grande no es solamente generar energía sino también el tema del control del agua y demás”, señaló.
Al mismo tiempo, puso en entredicho la eficacia del protocolo de manejo de la represa existente. “Si este protocolo genera inconvenientes a quienes están aguas abajo, me parece que lo lógico es discutir y hacer una discusión lo más participativa posible respecto del manejo de las aguas”, sostuvo.
Y dejo en claro que no se trata de una cuestión política simplemente que no pueda ser judicializada. “Si esa decisión política genera un daño, me parece que tiene que haber una consecuencia. Y, por otro lado, me parece que las decisiones políticas están para ser discutidas y cambiadas”, señaló.
Por último, dijo que lo mejor sería la sanción de una ley que establezca un status de igualdad jurídica para establecer indemnizaciones a quienes sean inundados ya sea aguas arribas como aguas abajo.
