Algunas de la normas fueron vetadas totalmente como la ordenanza Nº 4. Según el Ejecutivo, es facultad de éste determinar el organigrama que estime pertinente para el funcionamiento de la administración municipal, otorgando la partida presupuestaria a tal efecto entendiendo que la legislación provincial le permite reordenar las áreas y los sueldos de los funcionarios como lo establece la Ley Nº 3001.
Por su parte, en la ordenanza Nº 5, sancionada en enero pasado, el Ejecutivo sostiene que es necesario promulgar el artículo 1º de esta norma en el que, ante la divergencia suscitadas en torno a la nueva norma Tributaria, “es preciso y necesario lograr la creación de una Comisión que analice estudie y determine en forma definitiva los valores de las tasas tributarias”. El veto de varios artículos de la ordenanza en cuestión concluye en el retorno al “viejo sistema tributario basado en un sistema de inequidad y totalmente obsoleto”.
Por último en la Ordenanza Nº 7, el Ejecutivo también sostuvo que existe una seria intromisión de poderes debido a que se vetaron párrafos de varios artículos en los que se vuelve a sostener, por ejemplo, que “los valores finales de la aplicación del avalúo fiscal deberán ser revisados por el HCD”. “Se entiende se beneficiaría a aquellos que no han abonado la referida tasa, lo que supone, una arbitrariedad al descontarle a los que pagaron y no a los que si lo hicieron”, dice la nota.
El intendente entiende que el tema es “por demás delicado para el correcto funcionamiento de una administración que crece y necesita estar a la altura de las circunstancias con un sistema tributario moderno donde la equidad es el elemento fundamental para convivencia en sociedad”.
