El magistrado considera que las pruebas recolectadas hasta el momento son suficientes para dar por probados los hechos investigados. La investigación de la causa acumuló 105 cuerpos y 20.000 fojas. Por la misma pasaron cuatro jueces, declararon decenas de testigos, se recolectaron cientos de pruebas y fueron procesados nueve acusados.
Por lo tanto, Rafecas estima que funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa pagaron en abril de 2000 una coima de $ 4.300.000 a senadores del PJ a cambio de la aprobación de la ley de reforma laboral. El juicio oral, de acuerdo con los pronósticos de los funcionarios que intervienen en la causa, no comenzará antes de 2008.
El ex presidente Fernando de la Rúa, que declaró como sospechoso de haber estado al tanto de la maniobra y de no haber hecho nada para impedirla, seguirá siendo investigado en un sumario aparte. Lo mismo sucederá con el ex senador Angel Pardo, que hoy cuenta con una falta de mérito.
El fiscal acusará a los nueve procesados de haber cometido cohecho, el delito por el que los procesó el juez Rafecas en agosto del año pasado. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esa resolución en diciembre último.
Con la presentación de Delgado se frenará de manera automática la posible prescripción de la causa, que para algunos de los acusados podía concretarse el 31 del mes actual. El plazo había comenzado a correr hace seis años, cuando el primer juez de la causa, Carlos Liporaci, ordenó las primeras indagatorias.
Estaba previsto que el cierre de la instrucción se realizara, según dijeron en el juzgado, antes de la feria judicial de invierno. Pero la medida se retrasó ante sucesivos planteos «dilatorios» de la defensa de Flamarique. Para el juez, la demora vino bien: permitió incluir entre las pruebas que irán a juicio la declaración de Sandra Montero, una ex empleada del Senado que el jueves pasado sacudió la causa al asegurar que había visto la plata de las coimas en el despacho de Costanzo.
El eje central del cuerpo de pruebas colectadas por el juez Rafecas es, de todos modos, el relato de Pontaquarto, que en diciembre de 2003 se presentó ante la Justicia como un arrepentido. Siempre según lo que dio por probado el juez, la noche del 26 de abril de 2000 Pontaquarto fue al departamento de Cantarero, situado en Callao y Posadas, y le entregó 4.300.000 pesos para que repartiera con sus compañeros de bloque. «Apurate que ya llegan los muchachos», dijo Cantarero, según el relato del arrepentido.
El magistrado consideró también como una de las pruebas principales la confesión que Cantarero hizo en agosto de 2000, en off the record , a la entonces periodista de LA NACION María Fernanda Villosio, luego desmentida por el ex senador.
