“Si la Cámara no hubiera confirmado el procesamiento, Rafecas al otro día está en las puerta del juri porque se prueba absolutamente su mal desempeño y camina su remoción”, argumentó Alasino luego de que se conociera la determinación del organismo judicial. A su vez el ex senador le adjudicó un tinte político a la designación de Rafecas en el Poder judicial.
En tanto, hoy se conoció un escrito que aportó la Fiscalía a la causa tramitada hace ya más de cinco años que investiga los presuntos sobornos en el Senado.Allí se enumeran una a una todas las medidas de prueba sugeridas la semana pasada por los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani.
El fiscal sostuvo que esas medidas o bien ya fueron hechas o bien son propias de la instancia de juicio oral. «Está en juego la posibilidad de que el hecho quede impune sólo por la desnaturalización de las formas procesales», expresó Delgado en un escrito que quedó incorporado a la causa y al que Clarín tuvo acceso. En el escrito también sostuvo que los camaristas contradijeron su habitual postura de propugnar la pronta elevación a juicio de las causas.»Si, como expresa la Alzada —en referencia a los camaristas—, ‘la finalidad última del proceso penal consiste en conducir las actuaciones del modo más rápido posible, que brinde a la acusación la vía para obtener una condena y para el imputado conseguir su sobreseimiento y absolución’, el sendero, irónicamente, no es el que el tribunal marca sino precisamente el contrario», indicó el fiscal.
La Fiscalía ahora a cargo de Delgado —antes acompañado por el actual camarista Eduardo Freiler— fue la principal impulsora de la causa que cambió varias veces de juez. El primer magistrado, Carlos Liporaci, renunció cuando era investigado por presunto enriquecimiento ilícito, delito por el que quedó finalmente procesado. Luego intervino otro juez que ahora es camarista, Gabriel Cavallo, y la causa finalmente recayó en Rafecas, uno de los nuevos magistrados federales que firmó a mitad de año un extenso fallo en el que procesó a los ex senadores y funcionarios involucrados.
A su vez la Cámara cuestionó al juez por algunos párrafos de su resolución aunque confirmó los procesamientos por el presunto cobro y pago de coimas para la aprobación de la reforma laboral, en abril de 2000. Por otra parte, el organismo judicial dijo que no hay pruebas de que se hayan usado fondos reservados de la SIDE. Por ese motivo, sólo dejó en pie el más benigno delito de cohecho, sin la figura de malversación de caudales públicos.
Cabe recordar que en la causa se encuentran procesados los ex senadores Emilio Cantarero, José Genoud, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes; y el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto.
