Durante el cuarto de siglo que media entre los años 1976 y 2001, se desplegó en la Argentina un patrón de acumulación de capital específico, con una entidad comparable al mercado agroexportador de principios de siglo o la posterior industrialización basada en la sustitución de importaciones, que en este caso estaba sustentado en la valorización financiera del capital. Si bien, el mismo implicó una “revancha clasista” sin precedentes llevada a cabo por los sectores dominantes en detrimento del trabajo, también trajo aparejada una redefinición de la propia esfera del capital, incluso del gran capital oligopólico.
A partir de 2002, se inició una fase de transición, ya que a partir del 2001 no se plasmó un nuevo patrón de acumulación de capital sino que se despliega una disputa entre los diferentes sectores sociales por imponer uno determinado y diferente al propuesto por los demás. Durante esa fase, la progresiva y acentuada expansión de la economía real desplaza la centralidad que tuvo anteriormente la valorización financiera, e incluso dentro de ella la producción primaria, la industrial y la construcción ganan terreno en términos de las rentabilidades relativas respecto a servicios públicos, que desde la privatización de las empresas estatales había predominado en la economía argentina, compitiendo favorablemente con la tasa de interés.
Es pertinente indicar que este replanteo en la economía argentina no puede ser asimilado a un retorno a la sustitución de importaciones imperante en las décadas anteriores a la dictadura militar que se inició en 1976, porque en la actualidad tanto la conformación económica como el propio Estado fueron drásticamente restaurados. En otras palabras, en las presentes circunstancias tanto la composición como el poder relativo de las diferentes fracciones del capital y de los estratos de trabajadores son un resultado ligado a las profundas alteraciones estructurales que se fueron combinando durante las últimas décadas, entre las que se cuentan fenómenos tan relevantes y/o conmocionantes como: la deuda externa y la fuga de capitales locales al exterior, la consolidación de la electrónica como tecnología básica, la modificación del tipo de inversión, la privatización de las empresas públicas, la irrupción del ejército industrial de reserva, la disolución del mercado formal de trabajo, etc.
Por supuesto, no es posible analizar aquí el conjunto de esas transformaciones y sus diferentes repercusiones en las distintas clases y fracciones sociales, pero sí mencionar una que constituye el contexto del conflicto actual que se despliega entre el gobierno y los productores del agro pampeano. Se trata de la nueva situación de la relación entre el capital y el trabajo, que se expresa en los límites que enfrentan los trabajadores para mejorar su situación en términos de distribución de ingreso. Sobre esta temática, cabe recordar que durante la acentuada reactivación de la economía argentina desde 2002 en adelante, la participación de los asalariados en el ingreso avanzó, principalmente, a través del aumento de la ocupación provocando una disminución significativa del “ejército industrial de reserva”, habiendo comenzado en 2006/07 una creciente reivindicación de incrementos salariales e incluso de políticas estatales encaminadas a recomponer el mercado de trabajo. Sin embargo, en ese momento comienzan crecientes presiones inflacionarias que las neutralizan a pesar de que el costo salarial evolucionaba muy por debajo del salario real, impidiendo que la participación de los asalariados alcance los guarismos que había registrado en el año 2001, los cuales, por otra parte, se ubicaban entre los más bajos de las últimas décadas.
Bajo estas circunstancias, se inicia en marzo de 2008 la confrontación analizada que indica la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital. En efecto, no se trata de una reacción sectorial ante un impuesto confiscatorio porque, como fue señalado, el nuevo régimen de retenciones le reconocía a los productores un incremento del 45 % en su rentabilidad, sino de incrementar sus beneficios y ocupar el centro de la escena política y económica definiendo un patrón de acumulación de capital en donde tanto los asalariados como la producción industrial operen de allí en función de sus propios requerimientos de expansión.
Habiendo esclarecido, o al menos planteado una hipótesis de trabajo, acerca de la relación que mantiene este conflicto con el movimiento general de las fracciones más relevantes del capital durante la etapa actual, es insoslayable extraer conclusiones sobre los elementos políticos que intervienen y los factores estructurales específicos del agro pampeano que habilitan la conformación de alianzas sociales inéditas dentro y fuera del sector, las cuales le permiten a los terratenientes pampeanos encabezar en la actualidad las reivindicaciones de los sectores dominantes.
Respecto a los elementos políticos que se expresaron en la disputa, cabe referir al menos a dos de ellos. Luego del triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de 2007, el gobierno actual privilegió una construcción política sustentada en el Partido Justicialista, asumiendo en consecuencia el ex-presidente Néstor Kirchner la presidencia del mismo. El principal argumento para hacerlo radicaba en que si no se ocupaba ese espacio por parte del oficialismo lo haría la oposición. Sin embargo, haber adoptado esa estrategia implicó una severa derrota porque a lo largo de la valorización financiera (1976-2001) ese partido fue cooptado por los sectores dominantes, perdiendo su capacidad de convocar a los sectores populares. De hecho, el conflicto político a raíz del régimen de retenciones móviles se entabló entre un aparato estatal con una escasa capacidad de convocatoria y movilización social y un frente social conformado por diversas fracciones del agro pampeano, sectores medios, el oligopolio que controlo los medios de comunicación y las fuerzas políticas opositoras. De esta manera, en una situación que se caracteriza por una creciente activación de la derecha política y una desmovilización popular, el gobierno a lo largo de la confrontación perdió primero la batalla por el “sentido común” en la sociedad, luego la disputa de la movilización social en las calles y finalmente el litigio parlamentario.
A su vez, durante el tratamiento parlamentario se puso de manifiesto un debate de singular importancia que seguramente formará parte de la nueva agenda política que instaló este conflicto. Contrariando todas las previsiones oficiales, el escollo insalvable durante el tratamiento parlamentario de las retenciones móviles no estuvo en la Cámara de Diputados sino en la Cámara de Senadores de la Nación, donde supuestamente la representación del oficialismo era claramente superior a la que ostentaban las fuerzas opositoras. Institucionalmente, el rasgo distintivo de los senadores es que representan a los intereses provinciales y, todo parece indicar, allí estuvo uno de los factores que, junto al carácter del peronismo mencionado previamente, determinó la derrota del proyecto oficial porque los representantes de las provincias expresaron no sólo la presión social imperante en sus jurisdicciones, sumamente intenso especialmente en las pampeanas, sino su reclamo a participar en los ingresos derivados de la renta agropecuaria y, más aún, en un replanteo de la manera en que se distribuyen los ingresos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias (coparticipación federal). De esta manera, se expresa y procesa en el país una problemática que está presente en América Latina y que consiste en la autonomía de las regiones, el cual reconoce a Bolivia como punto neurálgico pero que también se despliega en otros países como es el caso de Ecuador.
El abordaje de la situación estructural del agro pampeano, exige recordar que la articulación de los nuevos insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, etc.) con las nuevas formas de trabajo (contratismo), la siembre directa y las privatizaciones dio como resultado la potenciación de las economías de escala en el agro pampeano. A su vez, ese proceso de transformación productiva que permite la gran expansión agrícola liderada por la producción de soja desde 1995 en adelante, acentúa las diferencias que tradicionalmente exhibieron los grandes terratenientes respecto a los pequeños y medianos productores pampeanos.
La exacerbación de las economías de escala deviene en un hecho trascendente porque la gran propiedad sigue detentando un papel central en el agro pampeano. En efecto, tal como se analizó previamente, los grandes terratenientes bonaerenses (aquellos con 2500 o más hectáreas) son propietarios de una parte significativa de la superficie agropecuaria provincial (alrededor de 8,8 millones de hectáreas que representan el 32% de la extensión total), controlan sus tierras mediante diversas formas de propiedad siendo los grupos de sociedades decisivos en los mayores propietarios porque les permite conservar la unidad de tierra, neutralizando de esta manera los efectos disgregadores que tiene la sucesión hereditaria. Las evidencias empíricas también indican que en términos productivos los grandes propietarios eran principalmente productores agrícolas cuando se inicia a mediados de la década de 1990 la gran expansión productiva actual, rasgo que se acentúa notoriamente a medida que aumenta el tamaño de los mismos en términos de la superficie que controlan.
A pesar de la importancia que asumen la incidencia en la propiedad de la tierra y el predominio agrícola en la producción como rasgos distintivos de los terratenientes, son insuficientes para aprehender sus naturaleza porque tan importante como ellos es que los mayores propietarios de tierras son la continuidad de la oligarquía agropecuaria pampeana que conformó el Estado moderno en el país. Mas todavía, en la actualidad están presentes en la cúpula agropecuaria las dos fracciones que la integran y se sucedieron a lo largo del tiempo en la conducción de la clase en su conjunto. La eminentemente agropecuaria, que fue hegemónica durante el modelo agroexportador de principios de siglo y aquella, que además de ser terrateniente está inserta en otras actividades económicas, y fue la conducción de la clase a partir de la consolidación de la industrialización en el país.
De por sí, esta característica de los grandes terratenientes pampeanos es relevante, pero en la actualidad adquiere una mayor relevancia, ya que una de las modificaciones trascendentes del segundo quinquenio de le década de 1990 fue la extranjerización de la industria local. Principalmente por la venta de una parte significativa de las empresas industriales que realizó esa fracción diversificada de la oligarquía, la cual terminó fugando esos recursos al exterior. Es indudable que la fracción diversificada de la oligarquía al ser principalmente financiera (inversiones financieras al exterior) y agropecuaria, no sólo pierde su capacidad de interlocución e influencia sobre el Estado, especialmente en una etapa crítica donde la expansión industrial es indispensable, sino que modifica su estrategia de acumulación que ahora está cerrada en la producción agropecuaria sobre la base de las transformaciones antes mencionadas, las cuales se ven reforzadas a partir del notable incremento en 2008 de los precios internacionales de esos productos. Esta fracción de la oligarquía no intenta recuperar sus posiciones en la producción industrial disputándole al capital extranjero su predominio en esa actividad, sino que intenta restringir el crecimiento y definir la composición de la misma a través de la expansión del agro pampeano.
Es decir, la fracción hegemónica está conduciendo a la oligarquía en su conjunto hacia la recuperación de sus posiciones en la economía real a través de la expansión de la producción agropecuaria. Sin disputarle al capital transnacional el control de la producción industrial propiamente dicho, pero sí condicionándolo, busca recuperar su capacidad para determinar el carácter y rumbo del Estado. Desde esta perspectiva, la disputa social tiene un carácter sectorial (agro versus industria) mucho más acentuado que durante la segunda etapa de sustitución de importaciones (1958-1975), momento en el cual la fracción hegemónica de la oligarquía agropecuaria estaba decididamente inserta en la producción manufacturera.
Tanto las condiciones estructurales del agro pampeano como la evolución de los acontecimientos indican que los terratenientes pampeanos son centrales en el proceso actual. No obstante, el desarrollo del conflicto indica que la participación de una parte significativa de los pequeños y medianos productores ha sido muy activa y vital para la derrota parlamentaria y social del proyecto oficial sobre las retenciones móviles. La gran novedad no ha sido la alianza entre la oligarquía pampeana y los pequeños y medianos productores representados por la Federación Agraria Argentina, porque este ha sido el modus operandi sectorial desde al menos la segunda etapa de sustitución de importaciones, sino que la inédita subordinación de dicha entidad a los dictámenes estratégicos de los terratenientes arrastró a las fracciones del capital agrario más débiles a desechar durante el conflicto una neta victoria de sus intereses económicos. La importancia del tema amerita investigar con cierto detalle la fracción específica que estableció esa alianza y en que consistió esa derrota.
Es indudable que la profundización de las economías de escala en el agro pampeano provocó un a elevación importante de los arrendamientos de tierra que alcanza el 50,5% de la superficie pampeana entre 1988 y 2002, comprometiendo en este último año prácticamente 23 millones de hectáreas que representan alrededor de 34% de las superficie agropecuaria pampeana. Esta expansión es la que le permitió a los representantes del agro señalar reiteradamente que los Pools de Siembra y los Fondos de Inversión Agrícola organizados por agentes financieros desplazaban a los verdaderos productores y se apoderaban de la renta agropecuaria. Las evidencias censales de 2002 desmientes esta caracterización de la situación, porque indican que los principales arrendatarios son los propietarios de tierras (76% de la superficie arrendada en la zona pampeana) y la incidencia de los mismos aumenta ostensiblemente a medida que aumenta la superficie arrendada. En consecuencia, todas las evidencias disponibles indican que mayoritariamente los Pools de Siembra y los Fondos de Inversión Agrícola no pertenecen a las fracciones del capital extrasectoriales, sino a los propietarios, los cuales detentan un significativo manejo financiero que adquirieron, tal como se analizó previamente, durante la vigencia de la valorización financiera.
Teniendo en cuenta las características que asumen los arrendamientos, para oportuno preguntarse cuáles son los propietarios que ceden tierras y los que la toman mediante el arrendamiento de tierras. El primer aspecto a tener en cuenta, es que generalmente las economías de escala no implican una disminución de permanente del costo por hectárea sino que a partir de determinada superficie se registra el movimiento inverso porque comienza a operar, por distintos motivos, un proceso inverso: las deseconomías de escala.
A pesar de la escueta explicación, este marco conceptual permite comprender que tanto a los pequeños como a los grandes propietarios cuyas extensiones son inferiores a la del costo medio mínimo, les conviene aumentar la superficie trabajada tomando tierra mediante el arrendamiento de tierra a otros propietarios, siempre que su precio sea inferior al descenso de su costo medio.
Asimismo, ese mismo marco conceptual permite comprobar que a los grandes propietarios cuyas extensiones de tierra superan aquella donde se registra ese costo mínimo y tienen deseconomías de escala, les conviene ceder tierras en el caso de que la combinación de la rentabilidad total supere la percibida por trabajar toda su extensión.
Más allá de todas las posibles alternativas en que se puede combinar la propiedad y el arrendamiento, lo relevante de aprehender es que las nuevas condiciones que presenta el agro pampeano indican que los pequeños y medianos propietarios que toman tierra mediante el arrendamiento son a quienes principalmente expresa la Federación Agraria Argentina e integran la alianza que conduce la oligarquía pampeana. De esta manera, se pone de manifiesto pese a las reiteradas manifestaciones en contrario, un giro copernicano en la naturaleza de esta organización, la cual nació en 1912 a partir de un enfrentamiento con la oligarquía pampeana debido a la explotación que los pequeños y medianos productores sufrían como arrendatarios de la misma, con el agravante que ahora gran parte de los que ceden tierras son también pequeños y medianos propietarios.
También influyó en la conformación de esta alianza la propia acción del gobierno, en tanto su política no discriminó entre las diferentes fracciones del capital agrario ni vinculó el nuevo régimen con acciones contra las grandes exportadoras de cereales ni el oligopolio industrial demandante de insumos agrícolas. Políticas específicas que hubieran sido importantes sabiendo que históricamente el sector agrario se unificó bajo la conducción de los terratenientes cuando pugnaba por mayores ingresos. Igualmente importante parece haber sido no desactivar, y peor aún en ciertos momentos haber alentado, la caracterización de que todos los productores enfrentaban un enemigo común que eran los Poools de Siembra pertenecientes a capitales financieros.
Bajo este mismo marco conceptual de las economías de escala, se puede dilucidar la situación en que quedan los integrantes de la alianza social pampeana luego de su victoria social y parlamentaria en el conflicto de las retenciones. Resulta poco discutible que los grandes terratenientes fueron los beneficiados principales de ese proceso, en tanto las retenciones volvieron al nivel vigente antes del notable crecimiento de precios internacionales y además, por la extensión de sus tierras, exhiben las mayores economías de escala, es decir los costos por hectárea más reducidos. También se benefician, pero en menor medida, los propietarios rentistas que ceden y no trabajan sus tierras ya que el valor de arrendamiento se incrementa en función de la rentabilidad sectorial, que dadas las circunstancias mencionadas aumentó ostensiblemente respecto a 2007.
Diferente es la situación de los propietarios pequeños y medianos que toman tierras porque su posición competitiva, no sólo para incrementar la superficie arrendada sino para poder conservar la que ya trabajan, empeora significativamente respecto a los que tienen mayores economías de escala, sean latifundistas o propietarios medianos grandes. Obviamente, también perjudicó a los pequeños productores que ceden tierra ya que los mismos con el proyecto elaborado por la Cámara de Diputados podrían haber mejorado aún más su rentabilidad. Desde esta perspectiva, la fracción del capital agrario que se subordinó a loas grandes terratenientes en la alianza política que llevó a cabo el enfrentamiento contra las retenciones móviles logró una victoria pírrica, porque participó activamente de un triunfo político ajeno y fue derrotada en términos de sus intereses particulares.
Más aún, por su subordinación a los intereses de la oligarquía agropecuaria esta fracción del capital agrario dejó pasar un triunfo que tenía al alcance de la mano. El proyecto del Poder Ejecutivo para la ratificación en el Congreso Nacional fue modificado por la Cámara de Diputados de la Nación, introduciéndole la denominada segmentación de las retenciones (una alícuota menor para los pequeños y medianos productores) y reconociendo una compensación por distancia (subsidio) para aquellos que producían a mas de 400 km. de la zona portuaria. A pesar de que esa propuesta, que fue aprobada por la Cámara baja y remitida a la de senadores, conlleva una victoria política y económica de aquella fracción del capital agrario, la Federación Agraria se opuso férreamente a la misma acatando la conducción real ejercida por los intereses de los grandes terratenientes, que sí eran afectados por dicho proyecto en amos aspectos.
Se trata de una confrontación irresuelta para todos loas participantes del conflicto porque constituye un elemente central en la disputa política nacional con vistas a las elecciones de 2009, donde se renuevan parcialmente las bancas del Congreso Nacional. Pero también porque la fracción del capital agrario con mayor capacidad de movilización ha sufrido una derrota en términos económicos específicos.
